La intervención de los legisladores nacionales busca evitar revivir la crisis que dejó el menemismo en el norte salteño durante la década del ‘90.
La noticia del inminente cierre de la refinería de Aguaray sorprendió a todos y generó una profunda preocupación ya que 500 puestos laborales se encuentran en riesgo.
El diputado nacional y exintendente de Tartagal, Sergio Leavy, anticipó a IN Salta que solicitaron al secretario de energía de la Nación, Javier Iguacel, dar marcha atrás con la resolución nacional que frena la compra de gas a la boliviana YPFB.
“Lo que presentamos a nivel nacional fue un análisis de situación sobre lo que está ocurriendo con esta refinería en el norte. La situación es la misma que YPF en los años 92 y 93, el origen de la década infame cuando el neoliberalismo que no ve empleados solo ve números, dejó en la miseria absoluta a todo el norte provincial”, recordó.
“Por eso, junto con el diputado Darío Martínez, le hemos pedido una audiencia a Iguacel, para explicarle que es necesario que den marcha atrás con esta medida que dejará a 500 familias en la calle. Esperamos en los próximos días tener una respuesta para llevarle a nuestra gente”, auguró.
En este marco, justificó la medida de fuerza decidida en una asamblea en las puertas de Refinor este martes. Los trabajadores que rechazan la decisión patronal de despedir a 500 trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado. “Seguirán así hasta que les den una solución”, pronosticó.
Los despidos, que aún no han sido efectivos, serán producto de que la empresa solo tiene acceso a 5 de los 20 millones de gas natural necesarios para mantener la actividad. Esta materia prima se importa desde Bolivia, y debido a una medida oficial se restringieron este tipo de importaciones.
Sebastián Barrios, secretario general del gremio, explicó que "el paro de actividades es total en lo que hace a la industrialización tanto de gas como de petróleo por tanto se detiene la producción de combustibles".
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