La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta analiza las impugnaciones administrativas o las acciones legales con las que podría accionar contra el aumento tarifario del 77,73% solicitado por Gasnor, en caso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) avale el pedido realizado por la empresa al organismo nacional.
La distribuidora fundamentó la solicitud en la audiencia pública convocada por el organismo nacional para realizar una revisión integral de las tarifas, teniendo en cuenta que el último aumento data de 2019. Gasnor detalló que el incremento será de $324 en la boleta de un usuario de vivienda particular y de más de $3.500 para una pequeña y mediana empresa.
“Es exorbitante, una barbaridad”, fue lo primero que dijo Federico Nuñez Burgos, defensor del Pueblo. Y ante la consulta de INSalta comentó que ya estudia la situación con los abogados de la institución y que definirán los pasos a seguir cuando el Enargas difunda la resolución, que espera para los próximos días.
“Nos preocupa el pedido porque el 77% está fuera de cualquier previsión y de la capacidad de pago de los usuarios salteños que destinan el 60% de sus ingresos al pago de los servicios”, indicó el funcionario, para marcar que Gasnor no presentó un plan de obras ni de inversiones que garanticen la calidad del servicio que presta en Salta.
Nuñez Burgos indicó “queremos conocer los planes que tiene la empresa sobre la tarifa social, la distribución de garrafas y para ampliar la cantidad de usuarios, para que más salteños tengan gas natural en sus hogares”. Y agregó: “No se escuchó en la audiencia pública cómo va a mejorar la calidad de la atención”, para recordar que la empresa no atendió al público durante la pandemia y que el año pasado tuvo serios problemas de funcionamiento y de entrega de las facturas.
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