La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (AEVYT), que representa a todas las agencias de viajes argentinas, presentó un recurso de amparo mediante el cual solicita que la Justicia declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en el punto en el cual pretende derogar el régimen general de los agentes de viajes (ley 18.829).
La presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Salta, Lía Rivella, anticipó que “el Decreto de Necesidad y Urgencia contiene Ítems que compartimos y que son absolutamente necesarios para desburocratizar la actividad. Sin embargo, la Federación planteó un recurso de amparo, el cual acompañamos, para que se respete el Registro Unico Nacional de Agencias de Viajes, para garantizar la legalidad y profesionalismo de los servicios prestados”, detalló.
Para Rivella, “la institución que presido se caracteriza por el diálogo, por la voluntad de construir junto al Gobierno las condiciones para el desarrollo del sector contribuyendo al crecimiento del país, con lo cual lamentamos llegar a esta instancia”, aseguró.
En el instrumento legal presentado, la FAEVYT señala que “la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector. La desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros” afirmó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT. Y agregó: “La oferta de servicios turísticos sin control alguno habilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios y consumidores, que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad”.
Se trata de uno de los sectores más amplios, diversos y competitivos de la Argentina. Hay más de 5.000 agencias registradas en todo el país, son cientos de miles de puestos de trabajo que se ponen en riesgo frente a una competencia desleal que tendrá también consecuencias directas sobre los usuarios.Por eso avanzamos con este amparo solicitando que esta medida se declare inconstitucional.
En Salta hay 130 registros de agencias legales y las socias de la entidad que las nuclea son 80. Rivella ve con optimismo todas las gestiones y ya cuenta con el apoyo de diversos sectores de la política local y nacional que respaldan el pedido.
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