El nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles despeja dudas, y ya sumó un voto positivo por Salta: el de la diputada Alcira Figueroa

Diputados tendrá que debatir rápidamente la propuesta, porque la ley vigente vence los primeros días de mayo. Para la diputada por Salta la iniciativa se adecúa a las nuevas demandas y exigencias del sector.

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Diputados del Frente de Todos, junto a un representante del PRO, avanzaron en la presentación de un proyecto para reemplazar la actual Ley de Biocombustibles, cuya vigencia termina los primeros días de mayo próximo. Los autores aseguran que el objetivo es generar un nuevo marco regulatorio para el sector.


La propuesta cuenta con el apoyo de la diputada nacional por Salta, Alcira Figueroa, quien en diálogo con IN Salta expresó que “el nuevo proyecto de la regulación del biocombustible es muy interesante, se adecua a las nuevas demandas y exigencias del sector y será un aliciente para nuestra provincia”. Además, la legisladora aseguró que en el caso de la provincia, dedicada a la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar, nada va a variar. “Se sigue alentando su producción para consumo interno con un cupo determinado”, detalló.

Desde el sector privado fuentes cercanas a Seaboard Energías Renovables y Alimentos, la principal productora de Salta, indicaron que en líneas generales la propuesta “está bien”, pero advirtieron que hay muchos detalles de redacción que son preocupantes y deben ser pulidos en el trabajo en Comisión de ambas cámaras del Congreso.

La diputada Figueroa sostuvo que, luego de la aprobación de la propuesta, hay varios temas claves para resolver. “Hay cuestiones que no están en el texto porque es sólo un proyecto de regulación. Todo lo que pasa a los efectos de la producción del biocombustible en territorio, lo vinculado a lo socioambiental, y en lo económico, con relación a la mano de obra, son temas que nos preocupan y se trabajarán a futuro con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación”, adelantó.

El tiempo es clave en este proceso ya que el 12 de mayo próximo vence el actual régimen. Si se aprueba este nuevo proyecto regirá hasta el 31 de diciembre de 2030, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional extenderlo por única vez, por cinco años.

La presentación lleva la firma de los diputados Máximo Kirchner, Omar Félix, Marcos Cleri, Pablo Yeldin, Mabel Carrizo, Mario Leito, Carlos Cisneros, María Moises, Gabriela Estévez, Eduardo Fernández, Pablo Carro, Alejandra del Huerto Obeid, Pedro Martínez, Alcira Figueroa y Marcelo Casaretto. En la lista está también el diputado del PRO de Tucumán, Domingo Luis Amaya.

El proyecto

La propuesta establece que para el gasoil el corte mínimo de biodiésel debe ser del cinco por ciento (hoy es el 10%), y el mismo podrá ser elevado o reducido hasta un piso del 3% por la Secretaría de Energía de la Nación. En el caso de las naftas, indica que deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% (queda igual que ahora), a dividirse en partes iguales entre bioetanol de caña de azúcar (6%) y de maíz (6%).

Indica además que sólo podrán elaborar, almacenar y/o comercializar biocombustibles, o mezclarlos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas habilitadas; las productoras o destiladoras de hidrocarburos no pueden ser titulares ni tener participación fabricantes de biocombustibles. Las que produzcan biodiésel para el mercado interno no podrán exportar.

Se establece un límite de 50 mil toneladas anuales para abastecer por las productoras. Si alguna no pudiera cumplir y estuviera en riesgo el abastecimiento para el corte, otra podría suplir una parte. Hasta que no se agote el uso de la capacidad instalada, no pueden sumarse otras empresas.


El proyecto establece que la Secretaría de Energía de Nación fijará los volúmenes de bioetanol de caña de azúcar equivalentes al 6% de la mezcla mínima obligatoria. El artículo 12 fija que las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar, una condición no prevista para el de maíz. Señala además que las empresas podrán “superar el porcentaje de corte en función de las particularidades técnicas” de sus plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejan en el precio final, del costo de los sustitutos, y del ahorro de divisas, “hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición físico químico del producto final”.

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