La situación del ingenio San Isidro, la aplicación del artículo 10 de la Ley nacional Pymes y el Consenso Fiscal entre Provincia y Nación, fueron algunos de los temas abordados ayer por los miembros del Consejo Económico y Social, que no ocultaron su preocupación por el impacto en la economía local de algunas políticas económicas.
En una nueva sesión ordinaria, encabezada por su Presidente Julio César Loutaif y con la presencia de la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se analizó la situación de las economías regionales.
Durante el encuentro el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, presidente del Foro de Intendentes y miembro del CES, planteó la difícil situación social del departamento General Güemes como consecuencia de cierre del Ingenio San Isidro, reiterando la necesidad de encontrar una solución para que funcione nuevamente.
Por otra parte, frente a la problemática de las economías regionales del NOA-NEA y en el marco de los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, se destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional aplique las facultades que tiene en virtud del artículo 10 de la Ley Pyme.
En este sentido, este artículo hace mención a “compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”.
Además se hizo referencia a que el Consenso Fiscal celebrado entre Nación y Provincias, en el largo plazo prevé aliviar la carga tributaria, sin embargo en el corto plazo provoca una mayor presión fiscal.
Asimismo, se expresó la preocupación por la incertidumbre del sector agropecuario a raíz de las normativas dictadas recientemente tanto a nivel nacional como provincial, respecto del aprovechamiento de tierras que podrían extender la frontera productiva.
Por último, el Consejo advierte que las medidas señaladas no aportan a concretar los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030, por lo que deberían ser revisadas por los poderes públicos.
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