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Al parecer en el Norte vamos a tener que cruzar los dedos para tener un invierno con poco frío, porque existe el riesgo de que las centrales térmicas y miles de hogares de la región se queden sin gas natural. ¿Pero por qué? Es que la adjudicación de la obra de reversión del Gasoducto Norte, pensada para reemplazar con gas de Vaca Muerta las actuales importaciones de Bolivia, está paralizada, y no hay en el horizonte señales de que se vaya a reactivar. Si los trabajos no comienzan en las próximas semanas será imposible llegar al próximo invierno con la obra terminada, y ocho provincias del Norte nos quedaremos sin suministro.
La semana pasada, durante su exposición en defensa de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que la adjudicación de la obra estaba “en pausa” porque "las ofertas se excedieron de presupuesto". Dijo además que están trabajando en el tema porque “nuestra preocupación está en el abastecimiento en el norte y estamos muy focalizados en eso".
El tema condiciona seriamente al Gobierno de Javier Milei. Si no avanzan las obras la Argentina se verá obligada a seguir importando gas de Bolivia, que advirtió que no puede garantizar la disponibilidad del combustible. Pero además, esas importaciones tendrían un costo de más de 2.000 millones de dólares adicionales, justo en momentos en los que las reservas del Banco Central están en valores negativos. Sin gas y sin dólares, no habrá otra opción que paralizar las centrales eléctricas y dejar de proveer a millones de hogares en pleno invierno.
Insólitamente, la obra de reversión del Gasoducto Norte está presupuestada en “apenas” 710 millones de dólares; y tiene garantizado un financiamiento parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 540 millones de dólares. En ese caso el Estado sólo debería destinar 170 millones de dólares, que serían aportados por Cammesa, la empresa estatal encargada de la administración del Mercado Eléctrico Mayorista. Pero el Gobierno libertario considera que esos fondos no deberían ser públicos, sino que deberían salir de los privados interesados en “hacer negocios” con el gasoducto. Pero por ahora, ninguno se dio por aludido. Y sin un marco regulatorio para las inversiones privadas en obras públicas, ningún empresario parece dispuesto a aportar un dólar al Gobierno.
Más allá de la coyuntura del próximo invierno, la reversión del Gasoducto Norte permitirá no sólo reemplazar el gas que se importaba de Bolivia sino también canalizar buena parte de la producción de Vaca Muerta para abastecer a toda la región Norte, además de permitir exportar gas a precios competitivos al Norte de Chile y al corazón industrial de Brasil a través de las redes existentes en territorio boliviano. Millones de dólares de potenciales exportaciones que el Gobierno Nacional no debería despreciar.
El proyecto incluye tres obras diferentes: la construcción de un nuevo tendido de 123 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota, la ampliación de 62 kilómetros del Gasoducto Juana Azurduy y la reversión del sentido de inyección de gas en las plantas compresoras de Ferreyra y Deán Funes en Córdoba, Lavalle en Santiago del Estero y Lumbreras en Salta. El plazo estimado de obras es de 5 meses.
No más “Zonas Frías”
Para sumar malas noticias, ayer se conocieron los cambios introducidos por el Gobierno de Javier Milei en el proyecto de la Ley Ómnibus, a sugerencia de la oposición “dialoguista”. Y en materia energética se incorporó al nuevo texto una modificación que deja sin efecto la “ley de Zonas Frías” aprobada en 2023, que en el caso puntual de Salta beneficiaba a casi el 50% de los usuarios de gas de la provincia con descuentos que iban del 30% al 50% de su factura durante los meses de mayor consumo.
Al introducir cambios en el artículo 318 del proyecto, Milei impulsa la derogación de la ley 27.637 que ampliaba las Zonas Frías más allá de la Patagonia y la zona cordillerana, y lo financiaba con un Fondo Fiduciario que surgía de la misma tarifa. Esos fondos irán ahora a engrosar las ganancias de las empresas distribuidoras.
Sin esos descuentos, en los meses de mayor consumo las tarifas aumentarán significativamente para la mayoría de los usuarios, que además verán cómo entre febrero y abril próximos sus boletas se triplicarán. No conforme con ellos, en las audiencias públicas de hace dos semanas las distribuidoras solicitaron poder aumentar mensualmente el costo del servicio utilizando como referencia el incremento de los precios mayoristas que mide el INDEC. El mes pasado ese índice se incrementó más del 50%.
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