El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta ayudará al Instituto Provincial de Viviendas a evitar que las viviendas sociales que otorga el organismo sean usadas para la especulación inmobiliaria. La decisión quedó rubricada ayer con un convenio que firmaron el presidente del IPV, Sergio Zorpudes; y la titular del Colegio, Andrea Ramonot. En el documento los profesionales se comprometen a impedir la venta, alquiler, transferencia o disponibilidad irregular de viviendas entregadas por el organismo provincial, violando la normativa vigente.
El propósito de la firma es generar mayor transparencia en el proceso de habitabilidad de las viviendas entregadas por el Instituto. Las mencionadas casas no pueden ser vendidas, alquiladas ni cedidas por el término de 5 años; que es el período exigido para el grupo familiar titular, según resolución reglamentaria N°26. Cumplido ese tiempo las viviendas si pueden ingresar al mercado inmobiliario.
Una de las cláusulas del convenio establece que el IPV se compromete a proporcionar la información necesaria para autorizar o no la operación con los corredores inmobiliarios.
Durante el acto Zorpudes manifestó “la venta, alquiler, transferencia o disponibilidad irregular de una vivienda social está penado por Ley y representa una estafa al Gobierno, por eso celebro este convenio que nos ayudará a detectar anomalías, junto al SINTyS (Sistema de Identificación Tributaria y Social) y SIGEGE (Sistema de Gestión de Beneficiarios) que son bases de datos de las familias que recibieron o recibirán una vivienda construida por el Estado”.
Por su parte, Ramonot agradeció “por el espacio que nos dan, somos muchos los corredores que estamos en el medio y en contacto directo con la gente. Esta herramienta será de gran utilidad para la comunidad”.
Los firmantes del convenio recordaron a los adjudicatarios que el IPV al momento de entregar el inmueble, concede una entrega precaria sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales. Si las mismas no se cumplen, el organismo puede proceder a la desadjudicación de la vivienda. Finalmente, el IPV requiere de los corredores inmobiliarios el estricto cumplimiento de las leyes que rigen las viviendas sociales para evitar perjuicios a personas que buscan un inmueble.
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