El objetivo es lograr un trabajo coordinado de la subsecretaría de Defensa del Consumidor municipal, la Defensoría del Pueblo y AMI Salta, entre otros organismos.
“Nos preocupa mucho este tema, creemos que hay que tomar cartas en el asunto, y lograr que cada organismo aporte lo que pueda. Es importante que la gente conozca que hay derechos que pueden ser ejercidos para salir de una situación de usura o de prácticas abusivas”, señaló Cánepa y explicó que “esto sucede cuando se accede a préstamos con intereses muy excesivos, o con garantías extorsivas, y que para cobrarlos incluso se llega a las amenazas físicas”.
Para aunar criterios, se llevó a cabo un encuentro de trabajo con los referentes de los distintos organismos involucrados en el proyecto. Cánepa informó que se va a trabajar en un esquema de difusión integral que le permita a los ciudadanos conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir al momento de pedir préstamos en dinero, cuáles son los derechos que los asisten y dónde los pueden ejercer.
La iniciativa requiere a Defensa del Consumidor tanto Provincial como Municipal generar la campaña de comunicación; al Ministerio Público se le solicita la puesta en marcha de un protocolo de atención de damnificados por casos de usura, que contemple la asistencia jurídica y contención familiar; mientras que la Secretaría de Seguridad de Salta debe generar un registro de personas que presentaron denuncia formal, efectuando un seguimiento para protección de la víctima y su familia. A la Defensoría del Pueblo se le pide que impulse acciones de prevención barrial junto con Centros Vecinales y Comunitarios, además representar y defender a las personas involucradas y sojuzgadas por casos de usura.
Todos los funcionarios involucrados se mostraron a favor de trabajar en esta iniciativa, aunque es importante señalar que este Proyecto de Resolución del concejal Cánepa continúa en análisis de diversas comisiones de trabajo del Concejo Deliberante de la Capital.
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