El nuevo proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos ingresará a la Legislatura provincial en los próximos días, una vez que el Gobierno Nacional apruebe un requisito de no objeción establecido originalmente por la Ley de Bosques. Pero aún antes de tomar estado parlamentario, la iniciativa ya recibió el apoyo de la Sociedad Rural Salteña (SRS) y Prograno, dos de las principales entidades del sector en la provincia.
El respaldo se produjo en el marco de una reunión que mantuvieron ayer directivos de esas instituciones con la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería del Senado provincial, que fue encabezada por su presidente, Walter Wayar y el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad. Participaron también del encuentro los senadores Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Gustavo Carrizo, Diego Cari y Dani Nolasco. Por la SRS asistieron su presidente, Joaquín Elizalde, junto a Alfredo Figueroa y Leandro Carrizo; y por Prograno su gerente, Ignacio Chavarría.
Al evaluar el nuevo mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN), Elizalde sostuvo que se trata de un proyecto imprescindible para el desarrollo provincial de los próximos años, proyectando a partir de su vigencia una inversión superior a los cinco mil millones de dólares en proyectos productivos. Aclaró que en la definición del mapa de colores que contendrá el proyecto trabajó una comisión técnica multisectorial integrada, entre otros, por referentes de la UNSa, por lo que el resultado goza del consenso de los distintos actores.
Chavarría agregó que en Salta existen dos opciones de crecimiento para la agro ganadería, una de manera horizontal, incorporando superficie y otra de manera vertical, mejorando la productividad. Explicó que en zonas de la provincia como Rivadavia esa incorporación de tierras productivas traerá además desarrollo económico y tecnológico.
A su turno Wayar dijo que el objetivo de la iniciativa es generar las condiciones para que se pueda producir e industrializar la materia prima, conservando el medio ambiente; mientras que Lapad aseguró que en Rivadavia muchos pequeños productores necesitan esa salida, que es una oportunidad de producir cuidando el medio ambiente para mejorar la calidad de vida la gente y no terminar engrosando las villas miserias de las grandes ciudades.
Preocupación por las exportaciones a Europa
Por otra parte se abordó la Resolución 1115/23 de la Unión Europea, que establece que a partir de 2025 sólo se introducirán en ese mercado materias primas y productos que estén libres de deforestación. Esta medida afecta a la producción regional no solo de Salta, sino de gran parte de Latinoamérica.
Al respecto Elizalde calificó a la medida como una verdadera “barrera comercial” que además puede oficiar de antecedente para que se extienda a otras regiones del mundo. Consideró que su eventual entrada en vigor se traduciría en un freno a la producción, dado que Europa no es el principal mercado de la carne o de la soja de nuestro país, pero si el que compra los productos de mayor valor, por lo que resulta necesario un trabajo en conjunto de toda la región.
El senador Wayar consideró incoherente la resolución, dado que quienes son los verdaderos culpables del cambio climático quieren imponer condiciones a quienes menos culpa tienen. Por su parte, el senador Cornejo explicó que el tema ya fue planteado a nivel regional en el Parlamento del Norte Grande y el senador Carrizo agregó que esta situación la plantearán esta semana en sendas reuniones con la secretaría de Agricultura de la Nación, la embajada de Francia y próximamente con la embajada de la Unión Europea, con la idea de lograr como primer paso una postergación de un año en la entrada en vigor.
Además, se planteó una agenda de temas del sector productivo entre los que se mencionó la modificación de la Ley de Biocombustibles, actualmente en el Congreso; la iniciativa de Salta de plantear un consorcio interprovincial para gestionar el Belgrano Cargas y el proyecto de Ley Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), que promueve el incremento de la inversión y el empleo, el impulso de la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales. En ese sentido, Elizalde dijo que el RIDA abarcaría al sector Pyme, que en Salta puede desarrollar la industria frigorífica o invertir en feedlots “para convertir granos en carnes”.
También se plantearon problemas logísticos derivados de la aplicación de la vacuna contra la aftosa dos veces al año y un proyecto presentado en SENASA referido a la actualización del Plan Nacional de Control y/o Erradicación de la Garrapata del bovino, cuya instrumentación amenaza con generar trabas al transporte regional de hacienda.
Finalmente, los directivos abordaron el proyecto de Ley de creación de consorcios camineros, manifestando la adhesión del sector privado, pero poniendo reparos en el aumento del impuesto inmobiliario rural por entender que las obras viales son muy necesarias, pero deben ser gestionadas con créditos internacionales.