La intensa disputa entre comerciantes establecidos y manteros escribió ayer un nuevo capítulo, aunque con actores externos al conflicto. El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Salta emitió un comunicado en el que señala que la entidad “viene expresando su preocupación por el problema del comercio ilegal desde hace décadas”, y en función de ello “hoy manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las declaraciones vertidas por actores y referentes políticos justificando la venta ilegal en las calles de la ciudad”.
Los dardos apuntan directamente al presidente de la Cámara Baja, Manuel Santiago Godoy, por “sus dichos en el recinto de la Cámara de Diputados el pasado 24 de julio, en las que indicó que la proliferación de manteros y la consecuente venta ilegal después ‘de las 20:30 hs.’ (SIC) en las peatonales de Salta son ‘una situación que puede ser atendible’, justificando la inoperancia o ineficiencia de los organismos pertinentes en ofrecer soluciones en tal sentido, el comercio legalmente establecido manifiesta una gran preocupación y el más amplio rechazo”.
El comunicado agrega que “las personas que ejercen como manteros o vendedores ilegales en la vía pública necesitan tener una fuente de trabajo; y son nuestros políticos los encargados de señalar el camino para que la gente pueda trabajar, tener ingresos dignos, y tributar acorde a derecho para recibir seguridad y servicios sociales. A través de justificaciones como ésta, queda la sensación de que el poder político desea hacerlos permanecer en la pobreza eterna con actividades totalmente ilegales. La ilegalidad no tiene horario, el lugar de las personas no es invadir el espacio público para vender mercadería de procedencia ilegal, resultando a la vez funcionales a las redes de delincuentes que operan atrás de ellos”.
Luego expresa que “bregamos para que las autoridades y funcionarios de la política recapaciten y trabajen en la generación de condiciones que permitan la creación de fuentes de trabajo genuinas, o de emprendimientos para todos los integrantes de nuestra comunidad; cómo así también a apuntalar y fortalecer a quienes contribuyen para que ellos mismos cobren sus dietas y nos representen debidamente. Resulta inadmisible que ignoren el impacto económico del comercio ilegal, estimado en más de seis mil millones de pesos mensuales, más de setenta y ocho mil millones para el corriente año; dinero que deja de percibir el comercio formal, y que por lo tanto no aporta con sus tributos para que sean verdaderamente atendibles las necesidades de la población, en cumplimiento de los derechos que todo habitante tiene consagrados en tratados internacionales, la Constitución, y las leyes que rigen a la Argentina”.