Las PYMEs de todo el país están sufriendo en carne propia la peor crisis económica de los últimos años; y las políticas públicas parecen más enfocadas en proteger a los inversores financieros que a quienes se arriesgan con la producción. Preocupado por esta situación, el diputado nacional salteño Javier David ingresó esta semana en el Congreso de la Nación un proyecto que impulsa la prórroga de la Ley 27.264, denominada “Programa de Recuperación Productiva”, promulgada el 1 de agosto de 2016 y reglamentada ese mismo año. Esa norma estableció un régimen de beneficios para las pequeñas y medianas empresas, aunque la adhesión por parte de las provincias fue lenta, con disimiles resultados de acuerdo a la estructura económica regional.
Según los argumentos expresados por David, “en la situación económica recesiva actual, con caída de la economía y paralización del mercado interno, resulta imperioso prorrogar el período de incentivo de inversiones previsto en la Ley”.
En la norma se establecía que los sujetos categorizados como micro, pequeñas y medianas empresas, e inscriptos en el “Registro de Empresas MiPymes” podrán acceder para computar como un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias por las inversiones productivas que realicen entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, y/o la conversión de los créditos fiscales vinculados con dichas inversiones a un bono intransferible utilizable para la cancelación de tributos nacionales, incluidos los aduaneros.
Formalmente bautizada Programa de Recuperación Productiva, la Ley “brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por Anses”.
Ese beneficio, que se reguló exclusivamente para las pequeñas y medianas empresas que acrediten estar atravesando una “situación de crisis” y lo expliciten al ex Ministerio (hoy Secretaría) de Trabajo, y que contempla “las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal y a mantener la nómina total de trabajadores”, se ampliará en un 50 por ciento en los casos que se traten de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.