La vicuña, uno de los animales más singulares y valiosos del paisaje andino, quedó esta semana en el centro de una discusión que mezcla conservación, cultura y desarrollo local. La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a una nueva ley que busca ordenar la protección, el manejo y el aprovechamiento sustentable de su fibra en la provincia.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Gerónimo Avelino Arjona, representante del departamento Los Andes, y propone una actualización de fondo: dejar atrás una mirada limitada al resguardo de la especie para avanzar hacia un esquema más integral, en el que la conservación y la posibilidad de generar ingresos para las comunidades no aparezcan como caminos opuestos.
La norma prohíbe la caza y la tenencia de vicuñas en todo el territorio provincial, pero al mismo tiempo habilita la esquila del animal en estado silvestre, siempre que se haga sin sacrificarlo y mediante el método ancestral del “chaku”. Esa técnica, profundamente ligada a las tradiciones andinas, permite obtener la fibra respetando la vida del animal y su dinámica natural.
Ahí está uno de los puntos más interesantes del proyecto: no se trata de explotar la especie, sino de encontrar una forma de aprovechar un recurso de enorme valor con reglas estrictas y bajo planes de manejo sustentable aprobados por la autoridad competente.
La propuesta también autoriza la industrialización y comercialización de la fibra, con prioridad para comunidades locales y artesanos. En otras palabras, la ley busca que ese recurso no quede solamente como una riqueza simbólica o ambiental, sino que pueda traducirse en trabajo, producción y agregado de valor en los territorios donde la vicuña forma parte del paisaje y de la vida cotidiana.
El Ministerio de Producción y Minería será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo tareas de control, fiscalización y aprobación de los planes locales de manejo. Además, la normativa prevé censos y monitoreos periódicos para asegurar que cualquier aprovechamiento esté siempre subordinado a la preservación de la especie y de su hábitat.
Otro aspecto importante es la definición de zonas de reserva e interés. La ley incluye a Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate, departamentos en los que podrán desarrollarse programas de conservación, refugios naturales e incluso sistemas de semicautiverio.
La mirada social también atraviesa buena parte del texto. El aprovechamiento de la fibra es definido como un derecho de usufructo otorgado por el Estado, pero sujeto a condiciones y siempre con la conservación como límite innegociable. Al mismo tiempo, se establece prioridad para que los artesanos locales accedan a la materia prima, especialmente aquellos que residan en las zonas donde se realiza la esquila.
Además de eso, la ley promueve capacitación, transparencia en la comercialización y agregado de valor a la producción, un punto nada menor si se piensa en la fibra de vicuña como un insumo de altísimo valor y prestigio.
Con esta media sanción, Salta empezó a mover una ficha interesante: la de una ley que no mira a la vicuña solo como especie protegida, sino también como parte de una economía posible, siempre que se la trabaje con inteligencia, respeto y reglas claras. En tiempos en que muchas veces se plantea una falsa oposición entre ambiente y producción, el proyecto intenta pararse en otro lugar: cuidar al animal, sostener una práctica ancestral y abrir oportunidades reales para la Puna.