El Ente Regulador de los Servicios Públicos dio un paso importante sobre un problema que viene generando cada vez más reclamos en Salta: la venta de lotes en urbanizaciones abiertas y cerradas sin que estén resueltas las obras básicas de infraestructura.
A través de la Resolución 771/26, el organismo fijó un nuevo marco para ordenar la comercialización de estos desarrollos y exigir mayor transparencia a las empresas que ofrecen terrenos al público. El foco está puesto en evitar que familias o inversores comprometan sus ahorros en proyectos que todavía no tienen garantizados servicios esenciales como electricidad, agua o saneamiento.
La medida surge después de reiterados incumplimientos detectados en distintos loteos, donde se ofrecían terrenos sin que estuvieran ejecutadas las obras necesarias o sin que existiera información clara sobre su situación real. En ese contexto, el Ente resolvió encuadrar formalmente la relación entre compradores y desarrolladores como una relación de consumo, una definición que le permite aplicar la Ley de Defensa del Consumidor frente a posibles casos de publicidad engañosa o información incompleta.
Uno de los cambios más visibles es que toda oferta de venta deberá incluir obligatoriamente un código QR. A través de ese sistema, cualquier interesado podrá consultar de forma inmediata datos clave del proyecto, como el avance de las obras eléctricas y sanitarias, los certificados de factibilidad emitidos por empresas como EDESA y COSAYSA, y los permisos de concesión de agua otorgados por la Secretaría de Recursos Hídricos.
La resolución también establece que los contratos de compraventa deberán detallar por escrito la situación de los servicios y obliga a colocar cartelería visible en el acceso de cada urbanización con esa información. La idea es que el comprador sepa con precisión qué está adquiriendo y en qué estado real se encuentra el emprendimiento.
En la práctica, el mensaje es claro: no alcanza con vender una promesa de desarrollo urbano si no están dadas las condiciones mínimas para garantizar una vida digna y servicios básicos efectivos.
Además, el Ente advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones previstas por la Ley Provincial 8457. Con esta decisión, el organismo buscó reforzar su rol de control no solo sobre la prestación técnica de los servicios públicos, sino también sobre la legalidad y la transparencia de los conceptos que rodean el acceso real a esos servicios.
Detrás de la resolución hay una preocupación concreta por el crecimiento urbano en Salta. En una provincia donde siguen apareciendo nuevos desarrollos inmobiliarios, el desafío ya no pasa solo por expandir la ciudad, sino por hacerlo con reglas más claras y con condiciones que resguarden a quienes compran.