El referente provincial de los damnificados por los planes de ahorro, Rubén Quispe, denunció públicamente que la Secretaria de Defensa del Consumidor de la Provincia, ante las medidas del COVID-19, dejó de atender al público desde el 17 de marzo y recién retomaron una mínima atención a fines de junio de 2020.
Frente a esta situación, el vocero de los planes de ahorro especificó: “Existen más de 2000 mil audiencias que se encontraban fijadas entre los meses de marzo y julio que no se realizaron”. Y agregó que “durante estos meses, tampoco se tomaron denuncias, recién en el mes de julio se habilitó una plataforma virtual para la gestión de las denuncias de difícil comprensión, por falta de información sobre todo a los consumidores en estado de vulnerabilidad. Lo peor de todo es que las medidas cautelares solicitadas por los consumidores no están siendo proveídas”.
El referente provincial de los damnificados por los planes de ahorro remarcó que no existe orientación y asesoramiento del consumidor, puesto que no se realizan atenciones de manera personalizada. “Si bien se conoce la problemática de la pandemia, son numerosos los organismos gubernamentales de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que retomaron sus actividades con las medidas de seguridad correspondientes, lo que no ocurrió con la Secretaria de Defensa del Consumidor”, sostuvo.
Finalmente, en el caso de los ahorristas, señaló que existen más de 3.000 denuncias realizadas con audiencias tomadas todas durante la gestión anterior. Además, aportó que la responsable de la oficina de Defensa del Consumidor, Pía Saravia, no atiende, no da audiencias ni tampoco informa sobre el estado y curso de las demandas de los damnificados por los planes de ahorro.
“Hubo expedientes que fueron abandonados. No se realizaron imputaciones ni la instauración de sumario a las empresas denunciadas, lo que no sólo perjudica a los consumidores, sino al mismo Estado, quien tiene la facultad de establecer multas y dado el transcurso del tiempo sin movimiento, los expedientes pueden estar caducados y en aquellos casos que se estableció una multa, si no se instauran los procesos judiciales, prescribirán”, concluyó.