Los concejales aprobaron este miércoles una serie de cambios a las normas que regulan cómo y dónde se puede construir en la ciudad, con el objetivo de impulsar inversiones privadas, descentralizar servicios y orientar el crecimiento urbano de los próximos años. Las reformas alcanzan al Código de Planeamiento Urbano Ambiental y al Código de Edificación, herramientas clave para el desarrollo inmobiliario y de infraestructura.
Según lo planteado por el municipio, la actualización busca habilitar usos de suelo mixtos y promover proyectos que combinen vivienda, comercios y servicios en un mismo sector. La idea es que nuevas zonas de la ciudad —más allá del casco céntrico— puedan consolidarse como polos urbanos, con actividad económica y equipamiento, reduciendo así la presión sobre el centro y mejorando la calidad de vida de los barrios.
El nuevo Código de Planeamiento Urbano Ambiental regulará el ordenamiento territorial y la gestión urbana dentro del municipio. Define las facultades urbanísticas sobre los inmuebles privados y públicos en línea con criterios de desarrollo sustentable e interés general. En la práctica, esto significa que el municipio tendrá un marco más claro para orientar dónde se puede construir, con qué densidad, para qué usos y bajo qué condiciones ambientales.
En paralelo, también se aprobó el nuevo Código de Edificación. Este cuerpo normativo fija las condiciones técnicas que deberán cumplir las obras públicas y privadas en la ciudad: desde tipologías constructivas hasta estándares de seguridad, accesibilidad y funcionalidad. El objetivo es dar mayor previsibilidad a quienes planifican y ejecutan obras, acortar tiempos y reducir trabas administrativas para los desarrolladores.
Los concejales, además, avanzaron en un proyecto elaborado por la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo que resguarda normativas urbanísticas específicas que podrían quedar derogadas por la entrada en vigencia de los nuevos códigos. En ese marco, se propuso adherir al Plan Regulador para el Área Centro (PRAC), establecido por Decreto Provincial N° 392/19 en el marco de la Ley Provincial N° 7.418 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. Esto garantiza que la zona central siga teniendo criterios especiales de preservación edilicia e histórica.
Entre los ejes principales de la reforma se destacan dos líneas de acción:
– Descentralización urbana: se impulsa la creación de nuevos nodos de desarrollo en distintas zonas del municipio. La meta es que más vecinos accedan cerca de su casa a servicios, empleo y equipamiento urbano sin depender del microcentro. Eso busca alivianar el tránsito hacia el centro y equilibrar el crecimiento.
– Estímulo a la inversión: se plantea un esquema normativo más flexible y menos burocrático para proyectos de construcción. Con reglas más claras y menos trabas, el municipio espera que el sector privado acelere la puesta en marcha de nuevas viviendas, comercios, oficinas y espacios comunitarios.
Desde el municipio sostienen que estas modificaciones apuntan a reactivar el desarrollo urbano después de un período de freno en nuevos proyectos, al tiempo que buscan ordenar la expansión de la ciudad con una mirada que combine inversión privada, planificación territorial y criterios de sustentabilidad. Según explicaron, la intención no es solo construir más, sino construir mejor y en los lugares donde la ciudad necesita crecer.