El abogado laboralista Héctor Dondiz Villa advierte que el proyecto de Reforma Laboral atenta contra la continuidad laboral, la libertad sindical y deja fuera de protección a miles de trabajadores. “Si no se castiga el trabajo en negro, no hay incentivo real para regularizar”, sostiene.
¿Cuál es su visión sobre esta propuesta de Reforma Laboral que se estudia en el Congreso?
—Creo que la Reforma Laboral es absolutamente peyorativa y contraria a los intereses de los trabajadores. Dudo que genere más trabajo, sino al contrario. De hecho, en la reforma anterior se propuso un plan de regularización, y en ese plan se inscribieron solamente 17 mil empleadores. Las condiciones son prácticamente las mismas con una salvedad clave: no hay un incentivo real para el empleador. Más allá de una cuestión económica puntual, no se castiga efectivamente el trabajo en negro, entonces el empleador no tiene razones de peso para adherirse a un régimen de regularización. Si no hay sanción, no hay estímulo.
¿Cuáles son los puntos de la reforma que más le preocupan?
—Uno de los más graves es la modificación del ius variandi, que para nosotros, los abogados laboralistas, es central. Te doy un ejemplo concreto: vos trabajás de 8 a 12 y, de un día para otro, tu empleador te cambia el horario de 10 a 14. Eso es una modificación sustancial de las condiciones esenciales del contrato. Hoy, frente a eso, el trabajador tiene opciones: puede intimar a que se restablezcan las condiciones, darse por despedido o iniciar una acción sumarísima para que un juez analice el caso y, si el reclamo es razonable, ordene restablecer las condiciones laborales.
Con la reforma, esa posibilidad desaparece. Ya no se puede exigir judicialmente que se vuelvan a las condiciones más favorables. Al trabajador solo le queda reclama o darse por despedido. Eso atenta directamente contra el principio de continuidad laboral.
Desde el Instituto de Derecho Laboral del cual es usted director, ¿van a hacer alguna presentación?
—Sí, actualmente estamos analizando en profundidad el proyecto, porque modifica una enorme cantidad de artículos. Se avanza contra la libertad sindical, se crea el llamado fondo de asistencia laboral, que en los hechos termina pagándolo el propio trabajador, y cuyo único efecto es facilitar el despido.
Además, a nivel nacional se pretende una especie de “deslaboralización” de la Justicia del Trabajo. Hoy los juicios laborales tienen impulso procesal a cargo del juzgado, es decir, el juez impulsa el expediente. Con este cambio se busca llevarlos a una lógica similar a la civil, donde el impulso depende de las partes, lo que claramente perjudica al trabajador.
Se habló mucho de la “industria del juicio laboral”. ¿Existe realmente?
—No, eso es absolutamente falso. En Salta tenemos menos del 2% de índice de litigiosidad laboral. De hecho, desde el Instituto estamos investigando los datos reales y son ínfimos. También en materia de accidentes laborales la litigiosidad es muy baja. Lo que sí es cierto es algo lógico: si hay incumplimiento, hay consecuencias. Si tenemos cerca de un 50% de informalidad, después no nos podemos sorprender de que existan juicios.
En síntesis, y retomando su concepto inicial…una reforma que perjudica al trabajador y al empleador..
—La precarización y la facilidad para despedir son los dos temas que más me preocupan. Lejos de modernizar las relaciones laborales, vamos en contramano. Se avanza contra instituciones fundamentales como los sindicatos, y eso impacta directamente en la posibilidad de los trabajadores de mejorar sus condiciones laborales. No es lo mismo negociar individualmente que hacerlo a través de una asociación. Y esto no afecta solo a los trabajadores: también se modifican estatutos profesionales, como el del periodista, y hasta el del Colegio de Abogados.
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