Mientras otros distritos eligieron privilegiar la vía judicial para reclamar por el fuerte recorte de fondos aplicado por el Gobierno del presidente Javier Milei a las provincias, el Gobierno de Salta optó por un camino más lento y pausado. Según se confirmó oficialmente, la Fiscalía de Estado prepara sendas cartas documento dirigidas a los ministros nacionales de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la restitución del Fondo de Incentivo Docente: sobre esto, enfatizaron en que se trata de un derecho adquirido por la docencia hace 26 años y que la Provincia acompaña el reclamo del sector.
Pero no será la única carta documento que recibirán los funcionarios en Buenos Aires. Habrá otras más reclamando el cumplimiento del envío de fondos para el transporte público, programas de salud, desarrollo social, educación y obra pública. La decisión se enfocará, en primera instancia, en aquellos recursos que están previstos en leyes o en acuerdos y convenios firmados con el Gobierno salteño.
La decisión se tomó el pasado martes en una reunión de gabinete en la que el gobernador Gustavo Sáenz estuvo ausente, ya que tenía previsto un encuentro que se concretó en Buenos Aires con el Ministro del Interior, Guillermo Francos.
Encabezada por el ministro de Infraestructura, a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, y el coordinador Administrativo, Nicolás Demitrópulos, en la reunión de Gabinete se analizó también la decisión de declarar la emergencia de los servicios públicos, figura que englobará al transporte, el agua y la provisión de energía eléctrica. En todas ellas el recorte de subsidios obligará a aplicar fuertes incrementos en las tarifas, ya que la provincia no cuenta con fondos suficientes para cubrir la totalidad de la asistencia que llegaba del Gobierno Nacional.
Uno de los temas que generó preocupación por el impacto humano que provocará es la decisión de frenar por completo el pago de módulos alimentarios (o focalizados) que, con dinero de Nación, se entregaba a comunidades originarias y poblaciones vulnerables del Norte Provincial. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está entregando el último remanente de alimentos del año pasado, por lo que no se cuenta con recursos para dar continuidad a esta política.