La aplicación de una nueva tasa destinada a mejorar el control sanitario de la producción cárnica viene generando tensión entre el Gobierno y los sectores comerciales de la actividad. La molestia tiene su origen en la recientemente promulgada Ley de Fomento Ganadera, que el mes pasado aprobara la Legislatura provincial. Esa norma –que la Sociedad Rural cuestionó porque dice que “no fomenta nada”- contempla una actualización de las tasas destinadas a la fiscalización de las carnes que se consumen en la provincia, las que no se modificaban desde el año 2005.
Tanto los productores ganaderos locales que mandaban sus animales a faena, como los introductores de carne, que “importan” ese producto desde provincias vecinas o de la Pampa Húmeda, pagaban hasta fines del mes pasado una tasa de tres centavos por kilo de carne destinada a consumo. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, sin embargo, ese valor trepó a 80 centavos por kilo de carne, desatando la furia de los empresarios.
Uno de los voceros de la protesta, por el lado de los introductores de carne, fue el empresario Sergio Sánchez, quien en declaraciones periodísticas anticipó que su sector no estaba dispuesto a asumir los mayores costos que implicaba la nueva tasa; y anticipó un inminente aumento en los precios. “El precio del kilo de lomo podría llegar a subir $10”, afirmó ante los periodistas.
Tampoco se quedó callado el empresario Franco Brunetti, propietario del frigorífico que lleva su apellido, quien también cuestionó la medida y no dudó en tender un manto de sospecha sobre la medida. “Quieren crear un oscuro fondo de $100 millones cuyo destino nadie conoce”, expresó a través de su Facebook y en medio de prensa.
Desde el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable no se quedaron callados ante la gravedad de las denuncias. En primer lugar, aclararon que todo lo recaudado en concepto de las tasas que fueron actualizadas “se maneja con total transparencia, tiene destino específico y sólo puede destinarse a los fines del control sanitario”, explicó el secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera.
El funcionario detalló que “muy lejos de lo que dicen quienes denuncian, esta tasa no llegará a recaudar $20 millones por año, y todo ese dinero se destinará a sostener un cuerpo de veterinarios y técnicos que controlan mataderos, cámaras frigoríficas y carnicerías no sólo en Salta Capital, sino en toda la provincia. Actualmente tenemos un equipo de 12 veterinarios que realiza ese trabajo en forma permanente, y no damos abasto. Pero además, la recaudación del anterior valor de la tasa no alcanzaba ni siquiera para pagar un mes de esos salarios”, agregó.
Aguilera contó que “la última vez que se actualizó la tasa, en 2005, se fijó un valor de tres centavos y el precio de venta del kilo era de alrededor de tres pesos; es decir que la tasa era equivalente a un 1%. Con esta actualización, la tasa quedó en 80 centavos y el precio del kilo de carne está por encima de los 80 pesos, es decir, ahora la incidencia es menor que hace 10 años”. Indicó además que no comprende la molestia de los empresarios, cuando “este dinero se va a destinar, en definitiva, para proteger la salud de la población; y ese debería ser un tema que interese a todos”.
Finalmente, y consultado sobre la amenaza de un incremento en el precio de la carne, el funcionario fue contundente: “Esta tasa es directa y representa exactamente una carga de 80 centavos por kilo. Si algún vivo pretende aumentar más que eso, se está aprovechando de las circunstancias. Yo invitaría a las asociaciones de consumidores que se pronuncien y rechacen cualquier aumento mayor, porque definitivamente no corresponde”, concluyó.