El Gobernador Gustavo Sáenz promulgó esta semana la Ley Nº 8.419 mediante el decreto 66/24, la cual modifica el artículo 29, apartado 3, de la Ley 6611 (Código Fiscal) para actualizar los valores relacionados con trámites mineros. Según explicaron desde el Gobierno, esta medida era esencial ya que no se habían realizado ajustes desde el año 2000, por lo que los valores que las compañías mineras debían pagar por diferentes trámites ante el Estado provincial eran hoy ridículas. También se busca de esta manera fomentar inversiones genuinas y prevenir prácticas especulativas en el sector minero.
La iniciativa fue remitida el año pasado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que lo convirtió en ley al final del período legislativo. La nueva norma aborda diversas tasas asociadas a servicios, desde solicitudes de concesión de permisos hasta la manifestación de descubrimiento de minas, buscando poner fin a valores desactualizados que han incentivado la presentación masiva de trámites con costos mínimos.
Entre los cambios propuestos, se destaca la solicitud de cateo, cuya tasa pasaría de 50 unidades tributarias a 400.000. Este ajuste busca ahuyentar a especuladores que pretenden, por ejemplo, quedarse con permisos que después intentan vender a inversionistas reales, distorsionando así el mercado. En los últimos tiempos desde el Gobierno se había identificado a varios particulares que adquieren muchas hectáreas para exploración sin la genuina intención de realizar inversiones.