Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Salta, Orán, Metán, Joaquín V González, Cachi, El Carril, General Mosconi, Aguas Blancas, Chicoana y Cerrillos, una vez más plantearon las necesidades del sector al Gobierno provincial. Hicieron hincapié en dos situaciones: la venta ilegal y la dificultad que tienen para conseguir empleados ante la “excesiva cantidad” de planes sociales.
Esta vez recibieron los planteos el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y a la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros.
Gustavo Herrera, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, comentó a IN Salta que “a las autoridades se les planteó una serie de problemas que tiene cada entidad en particular. Cada una con una problemática distinta, pero la venta ilegal es algo en lo que todos coincidieron”.
Sobre este tema señaló que “como estamos en Capital y se resolvió lo de los manteros, pensamos que es una problemática que no está tan presente, pero el interior está minado de venta ilegal, en especial en las ciudades de frontera, como el caso de Salvador Mazza”, advirtió.
La venta ilegal es “una problemática histórica y los vendedores son el último eslabón de una cadena delictiva que se aprovecha de su vulnerabilidad y necesidad”. La ilegalidad en este tiempo se une a la coyuntura económica que daña las ventas en los comercios que pagan impuestos, alquileres, sueldos en blanco y que cumplen con lo estipulado por la ley.
Herrera insistió en que esta situación “desalienta al comerciante legal y le mengua las ventas mientras debe hacerse cargo de impuestos, alquiler y empleados, que la competencia desleal no paga”.
Las autoridades se comprometieron a continuar los controles y reforzar las políticas de fomento para el comercio legal, como acuerdos comerciales con bancos, acceso a créditos y beneficios fiscales.
“Nadie quiere trabajar”
Los referentes también denunciaron la falta de mano de obra disponible ante el exceso de planes sociales y advirtieron sobre la necesidad de elaborar estrategias conjuntas para los sectores más necesitados.
“Es un problema fundamental y concreto. Tanto así que una empresa de Metán tuvo que cerrar sus puertas porque no conseguía empleados para la cosecha y venta de arándanos”, comentó sobre el diálogo que mantuvieron con las autoridades de la cartera de economía.
“Nuestro problema como argentinos es la desconfianza. La gente tiene miedo a que la tomen por un año y luego la despidan y se queden sin planes y sin trabajo. Ante este panorama nadie dudaría en quedarse con un plan antes que con un trabajo que te ofrece sueldo en blanco, obra social, vacaciones y aguinaldo, pero pocas certezas”, evaluó.