Salta es una de las 10 provincias afectadas por la decisión del Gobierno nacional de retrasar el pago de las Letes y Lecaps a personas jurídicas anunciada el jueves pasado por el Gobierno Nacional. En total son 10 los distritos, tanto del oficialismo como de la oposición, que habían invertido en esas herramientas financieras para generar un rendimiento que les permitiera protegerse de la inflación.
Pero a partir del anuncio del ministro de Economía Hernán Lacunza de que los “inversores institucionales” recibirán sus fondos en pagos escalonados, no podrán recuperar el dinero en las fechas previstas, sino que recibirán inicialmente un pago del 15% al vencimiento de la letra, un 25% tres meses después; y el 60% restante en seis meses. El resultado de esto es que los Gobiernos provinciales, que venía de sufrir una poda de sus recursos por las rebajas en IVA y Ganancias, ahora tendrán un nuevo agujero fiscal.
Salta se encuentra en el lote de las provincias menos perjudicadas. La peor parte se la lleva la provincia de Buenos Aires, que tenía invertidos en estas Letes y Lecaps un total de US$ 500 millones. La lista sigue con San Juan, que tenía US$ 234 millones; y Mendoza, con US$ 205 millones. Capital Federal tiene ahora atrapados US$ 123 millones; Río Negro US$ 83 millones; y Salta US$ 35 millones. Formosa tiene otros US$ 20 millones, Santa Fe US$ 20 millones; Catamarca US$ 15 millones y La Rioja US$ 13 millones.
Según información obtenida por IN Salta, los fondos depositados por Salta estaban destinados al pago de los cupones de los títulos de deuda en dólares emitidos por el Gobierno de la Provincia, que se habían previsionado en meses de superávit. Sin embargo, con menos ingresos y sin acceso a esos recursos, se abren dudas acerca de la posibilidad de cumplir con esas obligaciones.
Como la situación de Salta se repite con el resto de las provincias, se estima que durante esta semana se abrirá una instancia de diálogo entre el Ministerio de Economía y los Gobiernos provinciales para obtener una excepción a la norma. Lo contrario sería condenar a la mayoría de las provincias a incurrir en un default, forzado por el “reperfilamiento” de la deuda dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri.