El proyecto Taca Taca volvió a ser eje de debate en la Legislatura salteña, esta vez con una agenda centrada en cómo traducir una inversión de gran escala en oportunidades concretas para trabajadores, empresas y comunidades de la provincia.
Durante una reunión ampliada de la Comisión de Minería del Senado, autoridades de First Quantum Minerals respondieron consultas sobre empleo, proveedores locales, infraestructura, agua e industrialización del cobre.
Uno de los principales ejes fue la contratación de mano de obra. La empresa estima que la construcción demandará alrededor de 4.000 trabajadores y la operación unos 2.000 empleos directos. Los senadores plantearon la necesidad de que esas oportunidades lleguen a trabajadores de distintos departamentos de Salta y contribuyan al arraigo en las comunidades de la Puna.
También se puso el foco en la participación de proveedores locales. First Quantum proyecta compras operativas por unos US$900 millones anuales y aseguró que su política de contratación buscará priorizar empresas salteñas, con especial demanda de servicios de construcción, transporte, mantenimiento, ingeniería, alimentación y alojamiento.
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de agregar mayor valor al cobre dentro de la provincia. Ante una consulta del senador Roque Cornejo, la compañía explicó que la refinación posterior al concentrado requiere procesos de alto costo energético y tecnológico, una discusión que podría ganar peso a medida que avance el desarrollo de proyectos cupríferos en el país.
La infraestructura también apareció como un punto crítico. La empresa volvió a señalar la necesidad de recuperar el Ramal C-14 hasta Socompa para conectar el proyecto con los puertos chilenos, además de construir una línea eléctrica de 345 kV y mejorar la conectividad mediante fibra óptica.
Sobre el uso de agua, el gerente de Hidrogeología, John Fortuna, indicó que Taca Taca no prevé utilizar fuentes destinadas al consumo humano o agropecuario y que el abastecimiento provendría de agua subterránea industrial de cuatro cuencas del Salar de Arizaro.
La reunión permitió además ordenar el cronograma inmediato. La audiencia pública participativa se realizará el 12 de noviembre, a las 15, en Tolar Grande. Luego, la empresa prevé avanzar con la Declaración de Impacto Ambiental, la adhesión al RIGI y licitaciones para obras tempranas durante 2027.
La discusión en el Senado dejó así definidos algunos de los temas que acompañarán al proyecto en su próxima etapa: cuánto empleo y contratación quedará en Salta, qué infraestructura será necesaria y cómo integrar una mina de esta escala con la economía provincial.