Las elecciones definirán el rumbo de la reforma laboral que se viene

El debate sobre la reforma laboral llegó para quedarse y ya ganó un espacio central de la agenda de la campaña. Ante el desafío que impone al mundo del trabajo el desarrollo de las nuevas tecnologías y las dificultades propias de un mercado laboral golpeado por la recesión económica, el Gobierno como sus adversarios opositores ubicaron la discusión en el centro de su acción discursiva proselitista, aunque desde paradigmas bien diferenciados.

La necesidad de reducir los costos laborales 'aggiornando' convenios colectivos y flexibilizando condiciones de trabajo en el afán de mejorar los niveles de competitividad y de productividad de la economía local suponen la guía de la reforma que alienta la administración macrista, un objetivo que -además- integra los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI. En cambio, quienes rodean al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez, esgrimen que la reforma deberá orientarse al fortalecimiento de las instituciones laborales, la ampliación de derechos y la mejora en los ingresos y beneficios sociales de los trabajadores. La definición electoral será, entonces, una señal contundente del rumbo que emprenderán los cambios en la legislación laboral desde el próximo año.

La apuesta reformista del Gobierno no es nueva. Tras los fracasos del ambicioso proyecto que impulsó en 2017, con el envión de la reforma laboral brasileña, y de la más acotada iniciativa de blanqueo laboral del año pasado, que tampoco logró hacer pie en el Congreso, la gestión de Mauricio Macri avanzó con limitado éxito en acuerdos sectoriales, como el ejemplo de Vaca Muerta, para imponer cambios en las condiciones laborales. Pero de hacerse con la reelección, el Ejecutivo parece decidido a ir a fondo con su aspiración original: una reforma legislativa de amplio alcance que contemple la modernización de los convenios colectivos de actividad, el impulso a los contratos individuales o por empresa y la reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales.

La definición electoral será, entonces, una señal contundente del rumbo que emprenderán los cambios en la legislación laboral desde el próximo año

Pese a que formalmente desde el Gobierno evitan entrar en detalles sobre las modificaciones que promueven, quienes están abocados al diseño de la propuesta oficial advierten que los cambios se concentran sobre seis ejes: la reducción de las indemnizaciones por despido, la creación de nuevas categorías laborales, la flexibilización de la jornada de trabajo, la implementación de nuevas licencias, la regulación de los mecanismos de tercerización y el desarrollo de programas de pasantías.

Respecto al primer punto, un viejo reclamo de los sectores empresarios, la intención de la Casa Rosada apunta a eliminar de la base de cálculo de las indemnizaciones algunos adicionales salariales (aguinaldo, horas extras, premios) y a la par implementar mecanismos resarcitorios alternativos como la creación del denominado Fondo de Cese Laboral.

En materia de nuevos formatos de contratación, la pretensión es crear la categoría de trabajador independiente y el contrato a tiempo parcial, en la búsqueda de legislar también sobre las condiciones de empleo derivadas del uso de las nuevas tecnologías; mientras que en el caso de la jornada laboral se apunta a un esquema de mayor flexibilidad mediante la instrumentación del denominado banco de horas o la concesión al empleador para reformular la forma o modalidad del trabajo.

También en los planes del oficialismo figura la idea de eximir a las empresas que subcontraten servicios de la responsabilidad solidaria ante trabajadores tercerizados; además de la creación de un sistema de prácticas formativas que no generarán relación laboral y se puedan extender al sector público.

Desde una visión enfrentada a la apuesta del macrismo, especialistas laborales, académicos y centros de estudios vinculados al kirchnerismo presentaron en sociedad la semana pasada una propuesta propia de reforma, bajo la consigna "Agenda urgente para una sociedad de trabajo". La iniciativa abarca 13 medidas que contemplan la creación de un sistema de coordinación de precios y salarios; garantizar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas: regular el trabajo en las plataformas digitales a partir del reconocimiento de la existencia de una relación laboral, y amplificar la regulación sobre la tercerización laboral asegurando a los trabajadores subcontratados iguales condiciones de empleo que el personal de la empresa madre o principal.

La propuesta, coordinada por el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada junto a especialistas del CETyD; CIFRA; el Instituto de Trabajo y Economía; y el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas; también contempla la renovación de los convenios colectivos de actividad para adaptarlos a los nuevos procesos productivos y de organización del trabajo; establecer un nuevo esquema de contribuciones patronales destinado a beneficiar a las empresas de menor tamaño; ampliar la capacidad de inspección laboral para detectar relaciones de dependencia encubiertas; y crear una garantía laboral universal, que contemple salario mínimo, límites horarios y seguridad y salud en el trabajo.

La reducción de la brecha de género en el mundo laboral mediante la modificación del régimen de licencias y el desarrollo de la economía del cuidado también integran el paquete de propuestas alentado desde la oposición.

Los cambios que propone Alberto F.

Junto con la apuesta de introducir cambios en la legislación laboral, los especialistas que asesoran al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, proyectan derogar la reforma previsional sancionada en diciembre de 2017 y modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. La iniciativa fue propuesta por el grupo de trabajo que comanda el ex ministro Carlos Tomada ante el fuerte deterioro que registró el poder adquisitivo de las jubilaciones en 2018.

La propuesta prevé reemplazar el actual índice de movilidad por una nueva fórmula que tome en cuenta la evolución de la inflación que releva el Indec y el RIPTE (la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) en forma alternativa, prevaleciendo el índice cuya evolución resulte más favorable para la mejora de los haberes jubilatorios.

De ambos índices prevalecerá el que sea más favorable a los jubilados con la condición de que el RIPTE sea consistente con la evolución de la recaudación del sistema de Seguridad Social. Si no cumple ese requisito, los haberes se ajustan por la inflación, de manera – dicen- de que no pierdan poder adquisitivo. Además, la iniciativa postula que "el rezago temporal entre la variación del índice y su aplicación a los haberes se reduciría, acercándose a los 2 meses" en lugar de los 6 meses de la actualidad.