Dos comunidades originarias del norte salteño dedicadas a la producción de bananas realizaron ayer un "bananazo" en San Ramón de la Nueva Orán para exponer la difícil situación que atraviesan por las políticas que impulsa la gestión de Javier Milei. El Gobierno nacional puso en marcha una apertura de importaciones que dejó a las dos comunidades sin la posibilidad de comercializar su producción. Por eso, y para no tirar la fruta, decidieron regalarla a vecinos e instituciones. La movida arrancó en la Plaza Santa Marta de Orán y luego se trasladó a la Plaza Pizarro.
En declaraciones al diario digital Salta/12, José Fariña, productor de la Comunidad Kolla Guaraní de Río Blanco Banda Norte, contó que "ya no podemos vender a Tucumán, Córdoba o Mendoza, porque ahí está a libre albedrío", dijo en alusión a las importaciones de banana que ingresan de Bolivia y Paraguay en libre competencia. Y denunció que a esos mercados "llegan los cajones y les ponen cualquier etiqueta".
Por su parte, la presidenta de la Comunidad Tupí Guaraní Iguopeigenda, Juana López, precisó que en la temporada 2024 las familias pudieron vender su producción a compradores de las provincias del centro del país, a un promedio de 10 a 12 mil pesos el cajón de bananas. "Este año, en cambio, nos ofrecieron 1.500 pesos por cada cajón porque en Bolivia y Paraguay podían comprarlos a 3.000 pesos ya embalados", sostuvo.
Esa gran diferencia llevó a estas familias productoras a negarse a entregar a pérdida su producción en esta temporada. "Decidimos organizarnos para visibilizar la situación que atravesamos al no poder vender la cosecha", continuó la comunera. Con el bananazo "queremos ver de qué manera podemos encontrar respuestas, porque sabemos que las soluciones están lejos", dijo.
El cultivo de bananas "es nuestro mayor ingreso económico", añadió López. "Los pequeños productores de comunidades indígenas quedamos a la deriva, cada uno a su suerte", lamentó, en alusión a la liberación de la importación de productos de la canasta básica de alimentos que tomó el Ministerio de Economía de la Nación en marzo de 2024. Esa medida desregulatoria atentó finalmente contra pequeños productores, como las familias agroecológicas indígenas del norte salteño que protestaron ayer con un Bananazo.