FEDERSAL, la entidad que agrupa a los distintos sectores del campo salteña, se pronunció ayer en forma enérgica en contra de la decisión del Gobierno Nacional de intervenir y pedir al Congreso la expropiación de la aceitera Vicentín, que se encontraba en convocatoria de acreedores, con deudas por más de 1.350 millones de dólares y más de 7.000 trabajadores en riesgo de perder sus empleos.
El comunicado difundido a los medios de comunicación señala que “las entidades que integramos FEDERSAL manifestamos nuestro más absoluto rechazo al proyecto de expropiación del Grupo Vicentín o de cualquier otra empresa privada por parte del gobierno nacional”.
Además, el documento sostiene que “los argumentos expuestos por el Presidente de la Nación al anunciar esta decisión faltan a la verdad y esconden otros objetivos. Plantear la expropiación para asegurar la “soberanía alimentaria”, “mantener puestos de trabajo”, “que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole” o “crear una empresa testigo” nos parece poco serio y alejado de la realidad”.
En un tono duro, los hombres de campo salteños sostuvieron que “la soberanía alimentaria se logra y consolida a través de políticas que fomenten la producción y la inversión, no mediante aumento de retenciones a las exportaciones, tipo de cambio diferenciado e imposibilidad de acceso al crédito. Los puestos de trabajo se crean y mantienen con más federalismo y reglas claras, no con prohibiciones y persecuciones del fisco. A quién le venden los productores, no hace falta que el Estado se los enseñe; el hombre de campo ya aprendió a sobrevivir “a pesar” del Estado. Asimismo, ya hemos sido “testigos” de demasiados fracasos en empresas intervenidas por los gobiernos, no necesitamos otra muestra”.
En su opinión, “la medida anunciada ayer (por el lunes) devela una política de gobierno de mayor intervención en la economía, generando distorsiones que ya vivimos en el pasado reciente y que han demostrado su fracaso. Además, demuestra claramente la intención del Poder Ejecutivo Nacional de centralizar la toma de decisiones, violentando en forma evidente el principio de división de poderes consagrado en nuestro ordenamiento constitucional”.
Finalmente, el comunicado de FEDERSAL sostiene que “Argentina necesita más inversión, más producción y más seguridad jurídica para poder salir de una década de recesión. Sin dudas éste no es el camino”.