El beneficio concreto para quienes resulten favorecidos por la norma consiste en la compensación de un porcentaje del costo de la obra que se declare de beneficio público, con las regalías mineras a su cargo, en las condiciones que se determinen para cada caso concreto. Por su parte, la provincia se verá favorecida con las obras a desarrollar que quedarán -en todos los casos- bajo el dominio estatal, más la obligación de los beneficiarios del sistema de contratar mano de obra y proveedores locales, lo que favorece el desarrollo económico y social de la región.
“Desde el Gobierno de Salta promovemos el desarrollo de obras de infraestructura vial, ferroviaria, de comunicación, energéticas y sociales de utilidad pública y ambientalmente sustentables, impulsando de esta manera la generación de oportunidades de trabajo y el desarrollo de la región”, expresó el gobernador Gustavo Sáenz, tras rubricar el documento oficial.
En la reglamentación se incluyó los sectores vinculados a la actividad minera quienes participaron en la selección de los proyectos y la determinación del porcentaje de beneficio público, incluyendo también a las comunidades originarias del lugar y al municipio donde se hagan las obras.
Se prevé la posibilidad de que la Empresa de Recursos Mineros y Energéticos de Salta S.A., en su calidad de entidad dotada de competencia específica en asuntos mineros en el ámbito provincial, por sí misma o asociada a terceros -ya sean instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras- en el ámbito de su objeto social, pueda proponer proyectos que considere de interés para el desarrollo de la actividad minera.