Los taxistas salteños le declararon la guerra a UBER. Si bien la relación entre los gremios y asociaciones de taximetristas y la aplicación siempre fue difícil desde el desembarco de esta última en Salta, ahora los primeros están decididos a llevar a la empresa multinacional a la Justicia para frenar de esa manera su expansión en la ciudad.
Desde el sector se entusiasmaron con un reciente fallo de la Corte Suprema de Australia, tras una demanda colectiva de taxistas contra UBER en dicho país, en el que los abogados de la aplicación accedieron a pagar 271,8 millones de dólares para cerrar la demanda. Así se lo contaron ayer los representantes de gremios y asociaciones de taxis al presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, en una reunión que mantuvieron en su despacho.
Allí los taxistas destacaron que “esta derrota judicial de UBER en favor del reclamo de los taxistas marca un precedente muy importante que podría extenderse en cada lugar donde se mantiene la lucha, como en nuestra provincia, donde esta aplicación es ilegal”. Y le confirmaron a la AMT que presentarán de la misma forma una demanda colectiva contra UBER en Salta.
Ante esto, desde la AMT se informó sobre las actuaciones en la Justicia que se vienen llevando adelante desde el organismo y sobre todo el trabajo en las calles para combatir el transporte ilegal en la provincia, incrementando los controles pero también aplicando onerosas multas a quienes son descubiertos realizando esta práctica no habilitada. Ferraris recordó que en la provincia de Salta existe un fallo judicial que resalta que el funcionamiento de UBER, o de cualquier aplicación vinculada al transporte y que no cuente con el permiso obligatorio de la provincia, es ilegal.
Antecedentes del fallo en Australia
El caso de la demanda colectiva por parte de los taxistas en Australia, se centró en un agravio económico llamado conspiración por medios ilegales, y alegó que UBER y los conductores con los que se asoció conspiraron para violar a sabiendas las leyes existentes que regulan el sector de taxis. Esto provocó la pérdida de ingresos para los taxistas y la pérdida del valor de las licencias adquiridas, cuando UBER lanzó servicios más baratos, a pesar de no tener licencia, ni ningún tipo de habilitación.