La pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía nacional arrasaron el año pasado con todas las previsiones económicas de empresas y Gobiernos, y la Provincia de Salta no fue la excepción. Con la recaudación propia y la coparticipación federal disminuida, el Gobierno provincial tuvo que apelar a múltiples ahorros y medidas de emergencia para poder seguir funcionando; además de requerir asistencia especial del Tesoro Nacional y recurrir a otras fuentes de financiamiento para cumplir con todas sus obligaciones.
No conforme con ello, puso en marcha un proceso de reestructuración de la deuda pública que se cerró con éxito en el caso de las obligaciones con la Anses y el Gobierno Nacional. Sin embargo, el proceso aún está en marcha respecto de la deuda más gravosa de la provincia: los bonos en dólares emitidos en el exterior, que tienen fuertes vencimientos en 2022, 2023 y 2024, de alrededor de 340 millones de dólares cada año.
Justamente el pasado jueves 7 de este mes se produjo el vencimiento de una cuota de intereses de ese crédito por 16 millones de dólares. Sin embargo, el pago de esa obligación no se hizo efectivo. Por el contrario el viernes, a través de una carta dirigida a la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Buenos Aires el Gobierno de Salta informó a sus acreedores que “utilizará el período de gracia previsto para el pago del cupón de interés”, y agregó que lo hizo con el objetivo de “intentar alcanzar un acuerdo satisfactorio con sus acreedores que le permita aliviar sus obligaciones financieras y alcanzar condiciones de sostenibilidad de la deuda que resulten apropiados a la luz de las prácticas de mercados y de los contratos en los que la Provincia es parte”.
De esta manera quedó abierto un “compás de espera” de 30 días, en el que tanto el Gobierno salteño como sus acreedores intentarán cerrar un acuerdo que permita extender los plazos de pagos, reducir la carga de los vencimientos y limitar el peso de los intereses. Las negociaciones iniciadas el año pasado estaban muy avanzadas, y en diciembre pasado se había llegado a un intercambio de propuestas en busca de concretar la reestructuración en buenos términos.
De todas maneras, de no lograrse un acuerdo antes del 7 de febrero próximo, Salta corre el riesgo de caer en default por primera vez en su historia. Se sumaría así a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chaco, Entre Ríos y La Rioja, que suspendieron los pagos de sus compromisos en dólares. Por el contrario, si logra un acuerdo, se sumará a Mendoza y Chubut, que en los últimos meses lograron reestructurar su deuda con los acreedores.