El Ente Regulador de los Servicios Públicos dio un nuevo paso en la discusión sobre qué se cobra dentro de la factura de luz y bajo qué condiciones. A través de la Resolución 666/2026, el organismo dispuso que los municipios de la provincia tendrán un plazo de tres meses para regularizar los convenios que les permiten incluir tasas municipales en la boleta emitida por EDESA.
La decisión se apoya en un informe de la Auditoría General de la Provincia que detectó irregularidades en varios de esos acuerdos. Según se informó, algunos convenios habían sido firmados sin la aprobación de los Concejos Deliberantes ni la autorización previa del propio Ente, dos requisitos que la normativa vigente exige para que ese mecanismo de cobro sea válido.
A partir de ahora, las comunas deberán adecuar sus convenios y demostrar que cuentan con el aval legislativo correspondiente, además de ajustarse a criterios de transparencia e información adecuada. El mensaje del organismo fue claro: si esos requisitos no se cumplen, los conceptos municipales podrán ser excluidos de la factura eléctrica.
Uno de los puntos más sensibles de la nueva resolución pasa por los aumentos. El Ente dejó establecido que podrá revisar e incluso revocar autorizaciones de cobro cuando detecte incrementos de tasas municipales por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor. La medida busca alinearse con la Ley Provincial 8457, que ya fija límites vinculados a la evolución inflacionaria en materia tarifaria.
Detrás de esa decisión aparece una preocupación concreta: evitar que subas excesivas en conceptos ajenos al servicio eléctrico terminen recargando la boleta y deteriorando la capacidad de pago de los usuarios, con el riesgo de empujar mora o mayores dificultades frente a un servicio esencial.
La resolución también vuelve a poner en primer plano un derecho que muchos usuarios desconocen: la posibilidad de pedir el desglose entre el consumo eléctrico y los impuestos o tasas municipales. Ese mecanismo permite abonar la luz por separado, sin que la falta de pago de un tributo local derive en la interrupción del suministro.
Ese punto no es menor, porque busca cortar una confusión frecuente en la factura y reforzar la idea de que una cosa es el servicio eléctrico y otra distinta los cargos que se agregan a través de convenios de cobranza con municipios.
Con esta medida, el Ente Regulador no solo apunta a revisar la legalidad de esos cobros, sino también a ordenar una zona gris que desde hace tiempo genera tensión entre usuarios, municipios y distribuidora. El objetivo declarado es que la boleta de luz sea más clara, razonable y ajustada a reglas precisas.
En un contexto donde el costo de los servicios públicos sigue bajo observación, la resolución abre una etapa de revisión para los municipios y deja una señal concreta para los usuarios: habrá más control sobre lo que llega en la factura y más herramientas para defender el derecho a una cobranza transparente.