Mediante la suscripción de un acuerdo estratégico ambos organismos asumen de manera más eficiente la protección de nuestros recursos naturales, medio ambiente y el bienestar de la comunidad. No solo se garantiza un acceso adecuado al agua, sino que también se impulsa un enfoque de desarrollo responsable y sostenible.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta suscribieron un acuerdo en el que se comprometieron a trabajar por la protección de los recursos naturales, ambiente y el bienestar de la comunidad. Indicaron que se trabajará para garantizar el acceso adecuado al agua.
El documento rubricado por el procurador general Pedro García Castiella y el presidente del organismo, Carlos Saravia, se fundamenta en la conveniencia de optimización de los recursos humanos, información y materiales de ambas instituciones con el fin de potenciar su eficacia y eficiencia en beneficio de la protección del medio ambiente y el bienestar general de la sociedad.
Se apoya en disposiciones legales y constitucionales que confieren al Ministerio Público la responsabilidad de protección del medio ambiente, sus recursos y la salvaguarda de los intereses colectivos y dirigir la acción penal pública.
Adicionalmente, las partes acordaron un protocolo específico que se centra en cuestiones ambientales, la racionalización de controles y la mejora de los sistemas de agua y saneamiento en nuestra provincia. Así, se establece la colaboración en el análisis de agua potable y efluentes cloacales para lo que el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) proporcionará orientación técnica y llevará a cabo análisis conforme a estándares de calidad en cooperación con el Ente.
“Uno de los aspectos más notables de la firma de este convenio es la sinergia entre ambas entidades, posibilitando una acción conjunta para abordar denuncias que puedan tener implicaciones investigativas o administrativas”, indicó García Castiella. Mencionó como ejemplos “los niveles de contaminación del río Arenales, su efecto inmediato en la población de la capital y mediato, en los niveles aguas abajo que culminan en embalse Cabra Corral”.
Saravia señaló que se abordará el desafío de áreas previamente carentes de regulación y control adecuado.