Las panaderías son uno de los sectores que sintió con más fuerza la actual crisis económica. A la caída de ventas generalizada y el incremento de las tarifas de luz y gas se le sumaron dos factores exclusivos del sector: El alza del precio de la harina, una de sus principales materias primas, y la proliferación de panaderías clandestinas, que elaboran pan en casas de familia y no abonan ningún tipo de impuesto o carga social.
En busca de herramientas para enfrentar este último problema, representantes del sector panadero de Salta se reunieron ayer con la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid. En el encuentro se habló también de las necesidades más urgentes que poseen los trabajadores del rubro, y estudiar distintas alternativas para mejorar la competitividad del sector.
La ministra estuvo acompañada por el recientemente asumido secretario de Industria, Comercio y Financiamiento, Jorge Falcón. Ambos dialogaron sobre la actualidad que atraviesan los panaderos en la provincia, con Martín Petrocelli, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos y Afines de Salta, y Hugo de la Merced, vocal suplente de esa cámara.
Concluyeron que es fundamental coordinar acciones conjuntas entre el sector público y el privado, para diagramar acciones que permitan reducir la práctica ilegal de la actividad. Durante el transcurso de la reunión, las autoridades provinciales expresaron que trabajarán para ofrecer soluciones, destacando el régimen de pago de deudas impositivas impulsado por el Gobierno Provincial, a través de la Dirección General de Rentas, así como en el incremento de controles a panaderías salteñas.
El mencionado régimen permite pagar hasta en 12 cuotas y sin costo de financiamiento. La moratoria transitoria es para las deudas hasta el 31 de diciembre de 2018. También permitirá a los contribuyentes retomar un plan de pago que haya caído por cuotas impagas sin perder los beneficios pautados. Además incluye las obligaciones que están en trámite de determinación de oficio, de discusión administrativa o judicial.