Sin vueltas, al fiscal coordinador de las fiscalías federales del distrito Salta Eduardo Villalba se le pidió que intervenga en los cortes de rutas o dé un paso al costado. Diez instituciones salteñas de distintos sectores le solicitan en una nota que haga cumplir la Constitución para que los ciudadanos puedan circular libremente mientras otros ejercen su derecho a reclamar.
El escrito cierra así: “Creemos que si no está en condiciones de dar respuestas ante estos tipos de hechos porque lo afectan moralmente o personalmente, respetuosamente le pedimos que dé un paso al costado, ejercer una función como la suya implica velar por los intereses generales de toda la ciudadanía”. Y suman: “Le requerimos que tome medidas urgentes para resolver esta situación, en línea con el mandato constitucional y garantizar una convivencia pacífica”.
Como los cortes de rutas provocan innumerables inconvenientes, las instituciones estuvieron de acuerdo con la ley antipiquetes aprobada por la Legislatura y que el Ejecutivo vetó parcialmente. En algunos casos demoran horas para trasladarse unos pocos kilómetros, el abastecimiento de mercadería sufre retrasos, los camiones no pueden llegar a tiempo a las minas o los trabajadores a sus casas.
En la nota dirigida al funcionario judicial, los empresarios expresan su “profunda preocupación por la falta de acción por parte de las Fiscalías Federales con respecto a los continuos cortes que se llevan a cabo desde hace ya tiempo”, mencionando las rutas nacionales 51, 34, 86, 9, 50, 68 y 16.
“El tono de la nota está acorde a lo que venimos diciendo, estamos convencidos de que la solución es que se alineen todos los poderes del Estado, haciendo cumplir lo que dice la Constitución, las reglas, las normas y las leyes. Sería un buen gesto que nos convoquen para la semana que viene (por esta)”, dijo Francisco Vidal, presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) a IN Salta.
Si no reciben invitación ni respuestas, los dirigentes acudirán al Procurador General de la Nación y utilizarán todas las vías que “en los marcos legales estén a nuestro alcance”.
La nota que ingresó el viernes de la semana pasada a la Fiscalía también tiene la firma de Adriana Bravo (Cámara del Transporte), Joaquín Elizalde (Sociedad Rural Salteña), Juan Carlos Segura (Cámara Salteña de la Construcción), Federico Russo (Cámara de Proveedores de Empresas Mineras), Gustavo Herrera (Cámara de Comercio e Industria de Salta), Gustavo Di Mécola (Cámara de Turismo de Salta), Javier Cerúsico (Cámara de Comercio Exterior), Eduardo Gómez Naar (Unión Industrial de Salta) y José Rodríguez (Cámara Regional de la Producción).
Coincidieron todos en calificar como alarmante una comunicación que trascendió entre el fiscal Villalba y un piquetero, dando a entender que si el Gobierno no les brindaba una solución podrían seguir con el corte de ruta. “Frente a esta situación, nos preguntamos cuál es el papel de la justicia federal, de los fiscales y el suyo, cómo se defienden los derechos e intereses de todos los ciudadanos ante hechos de evidente flagrancia”.
En esa línea señalaron que no todos tienen la gracia de recibir su llamado, mucho menos de tener su cuidado, y le pidieron que si entiende que algún funcionario no está cumpliendo con su deber que les apliquen las sanciones correspondientes.
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