Aunque siempre formó parte del discurso de todos los dirigentes, la contención del gasto nunca ha sido una fortaleza de la clase política. Sin embargo, en esta oportunidad parece que el Gobierno Provincial se tomó en serio ese compromiso. Ayer se conoció a través del Boletín Oficial la Resolución N° 08/2020 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, el cual dispuso una serie de medidas de ajuste y redistribución de recursos que afirma explícitamente que su fin es “priorizar el bienestar de los habitantes salteños, por encima de los funcionarios públicos”.
Según se explicó a nivel oficial, el instrumento legal “busca recuperar la previsibilidad y solvencia fiscal, dar transparencia a la gestión y modernizar la estructura del Poder Ejecutivo, de organismos descentralizados, organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado”.
Para ello, el documento indica que no se autorizarán los gastos sin previo análisis y debida justificación de organismos competentes, (Secretaría de Gestión de Recursos Humanos, Secretaría de Finanzas, entre otros) para: nuevas designaciones; incrementos en honorarios; pago de pasajes vía aérea; nuevos contratos de locación, obras y servicios; subsidios o ayudas económicas a ONGs y fundaciones, entre otros.
También se obliga a todos los organismos a remitir a la Secretaría de Gestión de Recursos Humanos un listado con la totalidad de los empleados estatales que se encuentren en condiciones de obtener el beneficio de jubilación ordinaria, e informar si fueron o no intimados a iniciar los trámites para el otorgamiento de la jubilación. Si ya se cumplió un año de la notificación, se dispondrá la desvinculación del agente.
En materia de personal la resolución prohíbe todo tipo de afectación, adscripción, prestación y/o comisión de servicios de la totalidad del personal del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados, Organismos Autárquicos, Sociedades y Empresas del Estado cualquiera fuera su modalidad de contratación.
El recorte del gasto involucra también el uso de los vehículos que integran el Parque Automotor del Poder Ejecutivo, que queda suspendido cuando no esté relacionado a cuestiones de servicio. Además queda prohibido el pago de comidas y/o refrigerios con cargo para el Estado Provincial por el desempeño de funciones o tareas en extensión horaria; y también quedan prohibidos los gastos de recepción, cortesía, homenaje, impresión de tarjetas de salutación, agasajos y similares que no sean canalizados a través de la Dirección General de Ceremonial y Audiencias.
La resolución advierte además que “el objetivo de estas medidas es redistribuir el gasto público en áreas que resulten prioritarias, según las necesidades y de acuerdo a la urgencia y contextos. La optimización en recursos para las áreas de Salud, Educación, Desarrollo Social y Obras Públicas, son un ejemplo de esta iniciativa”.
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