El proyecto que regula las protestas sociales y cortes de rutas y calles ayer se convirtió en ley con la aprobación del senado provincial, un día después de haber obtenido el dictamen positivo en la Cámara de Diputados. El documento pasará al ejecutivo para su promulgación y reglamentación.
El tratamiento de la iniciativa generó voces a favor y en contra, razón por la que mantuvo expectantes a varios sectores de la comunidad salteña. Entidades que representan a las actividades productivas, comercio y servicios pedían un proyecto que asegure el libre tránsito y la convivencia pacífica: lo especificaron en un comunicado firmado por nueve instituciones.
La Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), la Sociedad Rural Salteña, la Cámara de la Minería, la Federación de Entidades Rurales Salteña (Federsal), la Cámara de Turismo de Salta, la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Cámara de Comercio Exterior de Salta y C-Trans.
Esas, habían sentado posición más temprano: “Consideramos favorable que se apruebe un proyecto de ley que fomente el respeto mutuo y la armonía entre los distintos actores de nuestra sociedad. Reconocemos que alcanzar un equilibrio entre el ejercicio de nuestras libertades y las responsabilidades individuales es fundamental para construir una provincia próspera y en armonía”.
Como usuarios de las rutas y calles de la provincia, “exigimos a los actores políticos que dejen de lado las cuestiones partidistas y electorales (incluimos al sistema de justicia) y que entre todos asuman con responsabilidad su rol para garantizar el libre tránsito en nuestras vías”.
Los presidentes de las nueve instituciones consideraron que en momentos difíciles como los que vive la provincia, “es crucial tomar medidas decididas y efectivas. Apoyamos firmemente aquellas acciones que promuevan la convivencia pacífica, el libre tránsito y que contribuyan al bienestar de todos los ciudadanos, sin socavar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse”.
Las entidades ya habían solicitado al Gobierno provincial su intervención para la regulación del tema, ante las pérdidas económicas y dificultades que les generan los piquetes en las rutas. “Es el momento de buscar soluciones equilibradas que no comprometan ninguno de estos aspectos fundamentales. Confiamos en que los actores políticos y el sistema de justicia actuarán en beneficio de todos los comprovincianos, promoviendo el respeto y la armonía entre nuestras libertades y responsabilidades”, cierra el comunicado.
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