En un contexto de país en crisis se analizan alternativas para organizar de una manera justa las tarifas de los servicios públicos en un país de diversidad climatológica como Argentina. En este sentido, el senador Sergio Leavy presentó un proyecto de Ley que propone un Régimen de Tarifa Eléctrica Diferencial para zonas cálidas del país, que reduciría el costo facturado entre un 30 a un 50% según las características del usuario.
“La idea es tomar el espíritu del proyecto de Ampliación de Zonas Frías, que trataremos esta semana en sesión en el Senado de la Nación, orientado a las localidades, sobre todo del Norte Grande, que transitan altas temperaturas en época estival”, indicó Leavy y agregó que “en la propuesta se considera la particularidad del sistema eléctrico y se toma también el mapa de Clasificación Bioambiental, actualizado en 2012 bajo Normas IRAM, que considera las temperaturas de los últimos 10 años”.
En los fundamentos del proyecto se advierte que la demanda de electricidad en cada provincia se conforma a partir de múltiples variables, como las condiciones sociales y acceso al equipamiento técnico, que interactúan entre sí de manera diferenciada según la localización geográfica. A su vez, en la región del Norte Grande la proporción del ingreso destinado al pago del servicio eléctrico es de los más altos, lo que representa una dificultad dada la vulnerabilidad social detectada y la rigurosidad climática de verano.
El proyecto
El texto presentado por el senador salteño crea un Fondo Fiduciario de Subsidios para Consumos Eléctricos de la Zona Cálida del Norte Grande Argentino (FFENGA), y también jurisdicciones con alta demanda estacional de electricidad, que financiaría las compensaciones tarifarias que las distribuidoras locales de energía eléctrica deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales. Aquí se considera la Ley de Consenso Fiscal, por el cual a partir de septiembre de 2018, se acordó que cada provincia define la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales.
“Esta propuesta se enfoca en el respeto por la igualdad en su sentido más amplio y estricto, implicando un acto de justicia social que fortalece el respeto y las garantías de los derechos humanos básicos, que se corresponden con la función insoslayable que debemos cumplir como uno de los poderes del Estado”, destacó Leavy.
Además agregó, “el acceso a las diversas fuentes de energía resulta una condición estrictamente necesaria para el pleno ejercicio de los derechos humanos, por ello, garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales, en condiciones adecuadas y suficientes, constituye una de las formas de realización de estos derechos, que son por definición universales y progresivos”.
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