El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de primera nominación Tomás Méndez Curutchet, ordenó ayer como medida cautelar que Uber Argentina y/o UberTechnologies Inc y/o Uber BV u otra empresa vinculada que preste servicios para las mencionadas, “suspenda la aplicación móvil y/o su plataforma tecnológica en la ciudad de Salta para transporte de pasajeros”. La medida se enmarca en una acción iniciada por el presidente de la Autoridad Metropolita del Transporte (AMT), Marcelo Ferraris.
El juez analizó los antecedentes en otras jurisdicciones y recordó que la actividad se trataría del transporte de personas que en la Provincia de Salta se encuentra bajo la órbita de control de la AMT.
Para ello se apoyó en declaraciones periodísticas de quien manifestó representar a UBER, Johanna Picciano, quien expresó, entre otras cosas, que el próximo lunes comenzarían a prestar el servicio en Salta a través de 7.000 personas y que 48.000 personas habrían descargado la aplicación.
“No puede perderse de vista que justamente la función de la AMT es la de velar porque el transporte público de pasajeros se efectúe en condiciones legales”, recordó el juez y apuntó que “de permitirse a la parte demandada alterar la situación actual, los posibles pasajeros, podrían verse perjudicados, al desconocer la idoneidad de los conductores, condiciones de los vehículos y vigencias de los seguros, entre otras cosas”. Por ello, el juez hizo lugar a la cautelar solicitada hasta tanto UBER obtenga los permisos correspondientes de acuerdo a la regulación vigente.
En conferencia de prensa, Ferraris aclaró que desde la AMT no pretenden oponerse al avance de la tecnología, sino que se brega por un sistema regulado y donde el Estado tenga la responsabilidad de controlar y brindar seguridad a los pasajeros y trabajadores. "No pretendemos un sistema anárquico sin reglas, cómo pretende UBER" enfatizó.
Desde la AMT se deja en claro que el organismo, en conjunto con el Estado, defenderán a las más de 3.700 familias que viven del sistema de transporte de taxis y remises, y a las más de 10 mil familias que lo hacen de manera indirecta. "Queremos un sistema de transporte con normas claras y reglas definidas" agregó.
Ferraris también indicó que desde la AMT se trabaja para el desarrollo de una aplicación propia, que además de encontrarse acorde a los avances de la tecnología, otorgue seguridad jurídica e información precisa a los prestadores de servicio y usuarios. De acuerdo a las estimaciones, la aplicación podría estar en funcionamiento en los próximos dos meses, tras superarse los controles y pruebas correspondientes para brindar un servicio de excelencia.
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