La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que todos los inquilinos deberán registrar en el organismo los contratos de alquiler de los que formen parte.
En diálogo con IN Salta, el Dr. Martín López Fleming, abogado, corredor inmobiliario y director representante de Salta en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentina, recordó que “la registración de los contratos de locación ya se encontraba prevista en nuestro ordenamiento legal. Dicha obligación fue establecida dentro de las modificaciones introducidas en el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de locación de inmuebles por Ley 27.551, vigente desde el mes de Julio de 2020”.
Luego agregó que “durante esta semana AFIP reglamentó este registro de contratos de locación, estableciendo que los contribuyentes que asuman el carácter de locadores, se verán obligados a cumplir con su registración. Asimismo la normativa establece que tanto los intermediarios, corredores Inmobiliarios, como la parte locataria podrán informar en forma voluntaria la operación”.
Sobre este punto, señaló que “el sector inmobiliario de ninguna manera podría estar a favor de la informalidad, pero no tenemos la menor duda de que las múltiples medidas intervencionistas adoptadas por el gobierno nacional, referidos al congelamiento del precio de las locaciones y a la prórroga automática de los contratos de locación; no hacen otra cosa que sumar incertidumbre al mercado locativo. Agravando así la situación de los inquilinos, puesto que, algunos propietarios, motivados en la inseguridad jurídica creada por las normas, resolverán quitar sus inmuebles del mercado locativo, acentuando el déficit habitacional existente en nuestro país”.
Una finalidad recaudatoria
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Martín Biella sumó que “el hecho de que los contratos se inscriban en la AFIP no generan una novedad puesto que se informaba cada vez que se llevaba a sellar un contrato a la Dirección de Rentas”.
Sin embargo, aclaró que “en este nuevo registro va a quedar más detallado de qué tipo de inmueble se trata si es comercial, de vivienda y otros datos que antes no estaban reflejados”.
Sobre el tema advirtió que “esto tiene una clara función recaudatoria, persigue recaudar más de manera que siempre que se incrementa un impuesto o se controla más determinada circunstancia afecta el mercado y lo termina pagando el inquilino”, advirtió.
“Yo estimo que en algún punto el hecho de que, para que se inicie una acción judicial sea requisito que los juzgados lo informen a partir del 15 de abril, pone presión para que al iniciarse un juicio de desalojo o cobro de peso de estos contratos, deba estar inscripto. En términos generales, Salta ya venía observado hace tiempo esta cuestión y con el Impuesto de Sellos, que obliga a declarar los contratos e intercambio de información fiscal entre organismos nacionales y provinciales ya está, esta nueva norma no suma nada a lo que ya hay, más allá de ser una molestia para propietarios y demás”, denunció.
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