El Ente Regulador de Servicios Públicos y la Secretaría de Recursos Hídricos ordenaron que en 90 días todos los concesionarios y permisionarios de agua para abastecimiento poblacional coloquen macromedidores en las fuentes de aprovisionamiento de las urbanizaciones privadas.
Para las urbanizaciones que no se encuentran incorporadas al área servida por Aguas del Norte también ordenaron la colocación de micromedidores en cada lote de los emprendimientos inmobiliarios y les otorgaron un plazo de 180 días. En este período, los desarrolladores, consorcios de propietarios, administradores de barrios y usuarios deberán coordinar acciones; la resolución mencionada los considera responsables de su cumplimiento por intervenir en las etapas de captación, transporte, tratamiento y distribución del agua.
El criterio de racionalización también pretende evitar que los loteadores habiliten en sus desarrollos la residencia efectiva de personas cuando no tienen autorizada la captación de agua ni pueden garantizar su provisión a los compradores y generan reclamaciones que finalmente concentran en el Estado provincial la solución.
La resolución importa en los hechos la imposibilidad de que la Dirección General de Inmuebles apruebe proyectos si no existe permiso o concesión de uso de agua otorgados por la Secretaría de Recursos Hídricos y que Aguas del Norte no pueda otorgar prefactibilidad del servicio de agua potable si es que no intervino previamente la autoridad competente para autorizar la extracción del líquido elemento.
El presidente del Ente, Carlos Saravia, dijo que "en tiempos de emergencia hídrica hacemos cumplir el Código de Aguas que exige la macromedición a todo lo que tiene permiso o concesión para usar el agua que es un recurso provincial. Avanzamos también con la micromedición e intentamos evitar los fraudes que implican que algunos desarrolladores venden lotes sin siquiera haber pedido permiso. El agua falta, hay que cuidarla y tiene que alcanzar para todos".
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