Desde la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, la institución más representativa de los pequeños productores y campesinos de Salta, rechazaron ayer con dureza la decisión del Gobierno del presidente Javier Milei de cerrar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. En un comunicado la entidad repudió la decisión y agregó que "días después de anunciar la apertura de importaciones de alimentos, se continúa el avance sobre los sectores productores con esta noticia. No es casualidad, la agricultura familiar produce más del 60% de los alimentos frescos que cada día consumen las familias argentinas".
El escrito destaca que "desde hace más de 30 años existen en el Estado Nacional, también en las instancias provinciales y municipales, organismos para el acompañamiento, asistencia técnica y programas de desarrollo productivo del sector, entendiendo el rol productivo y económico esencial que ocupamos. Esta institucionalidad nace de los reclamos del sector y de sus luchas, lo defendimos antes y lo defenderemos ahora". Y luego agrega que "en lugar de cerrar el Instituto, el Gobierno debería estar gestionando políticas públicas para el acceso a la tierra, a los créditos, y el fortalecimiento productivo en una coyuntura donde la inflación de alimentos es cada vez mayor".
El documento también advierte que "lastima escuchar a un vocero que evidentemente no conoce nuestro gran país, con la necesidad de que el Estado llegue a rincones poco accesibles por la falta de inversión pública o por la lejanía. Odian el interior de nuestro país, a nuestro campo, a nuestro trabajo. Quieren hacer de nuestra Patria solo una cantera para la extracción de ganancias".
Finalmente señala que "desde la Federación Rural nos solidarizamos con las y los cientos de trabajadores del Instituto, sus familias, y nos comprometemos a luchar por aquello que nos merecemos: un Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e indígena para el desarrollo de nuestra producción y la Soberanía Alimentaria del Pueblo Argentino".
Otra que se pronunció en contra de la medida fue la senadora nacional salteña Nora Giménez, quien a través de sus redes sociales expresó su repudio al cierre. "Esta medida no sólo deja en la calle a 900 trabajadores distribuidos en todo el país, sino que además deja sin asesoramiento técnico, acompañamiento y promoción humana a más de 200 mil pequeños productores, comunidades campesinas y pueblos originarios dispersos en pequeñas comunidades y parajes alejados, donde no llega ninguna otra asistencia del Estado. Sin esa ayuda, van a quedar condenados a la miseria más absoluta", advirtió.
También aportó: "Soy testigo del enorme trabajo que estos técnicos, todos con un altísimo nivel de preparación y profesionalismo, realizaron en mi provincia. Con una gran calidad humana (una virtud que este Gobierno aborrece) le enseñaron a cientos de pequeños agricultores a mejorar su producción, los organizaron para obtener mejores condiciones de comercialización y hasta los asesoraron para acceder a financiamiento nacional e internacional para ejecutar las obras que sus comunidades necesitaban. Los sacaron de la pobreza extrema y les devolvieron la dignidad. Ahora el Gobierno de Milei quiere que hagan el camino inverso: los quieren pobres y sometidos, como a todos los argentinos". Y remató: "Quiero dejar un abrazo solidario a todos los trabajadores afectados por este anuncio, y comprometer todo mi esfuerzo desde el Senado de la Nación para revertir esta injusta y arbitraria decisión. Ustedes verdaderamente hicieron Patria con su trabajo. Y la Patria no se vende. La Patria se defiende".
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