La senadora nacional Flavia Royón expuso ante legisladores salteños los principales lineamientos del proyecto que propone reformar la Ley Nacional de Glaciares Nº 26.639, vigente desde 2010. La reunión fue convocada por las Comisiones de Minería del Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, con el objetivo de conocer de primera mano cómo podría impactar la iniciativa en Salta, especialmente en materia productiva, ambiental y de competencias territoriales.
Durante el encuentro —del que participaron senadores y diputados provinciales— se remarcó la importancia de analizar una norma que, según explicó Royón, nunca fue plenamente reglamentada durante 15 años y generó conflictos por superposición de facultades entre Nación y provincias. La propuesta de reforma busca ordenar ese escenario, clarificar conceptos técnicos y devolver a las provincias un rol central en la gestión de sus recursos naturales.
Uno de los ejes destacados es la protección de los glaciares con criterios más precisos, especialmente aquellos que contienen recursos hídricos estratégicos. Para ello, la iniciativa incorpora un enfoque técnico y federal que permite la realización de estudios científicos rigurosos, con el fin de evaluar impactos ambientales y garantizar que cualquier actividad productiva se desarrolle de manera responsable.
Royón también señaló que el proyecto apunta a resolver una de las mayores controversias de la ley actual: la ambigüedad del concepto de “ambiente periglaciar”. La modificación propone definir con mayor claridad qué áreas deben ser consideradas dentro de esta categoría, evitando interpretaciones arbitrarias y dotando a las provincias de herramientas para determinar qué zonas requieren protección prioritaria.
Según el inventario nacional, Argentina cuenta con alrededor de 17.000 glaciares, de los cuales 646 se encuentran en Salta. Si bien la provincia no desarrolla actividad minera en zonas de glaciares, contar con un marco normativo claro y federal resulta clave para garantizar previsibilidad jurídica, planificación territorial y posibles oportunidades de inversión futura, siempre bajo criterios de sostenibilidad.
Al cierre del encuentro, la legisladora confirmó que el proyecto será tratado en el Senado de la Nación en el mes de febrero y anticipó su acompañamiento a la iniciativa, destacando que el desafío es combinar la protección ambiental, la participación provincial y el desarrollo productivo responsable como ejes de una política pública moderna y federal.
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