Las zonas francas de todo el país quieren convertirse en plataformas desde las cuales potenciar el comercio exterior argentino. Esa es la principal conclusión de la reunión del del Consejo Federal de Zonas Francas que sesionó la semana pasada en Buenos Aires. Allí los integrantes de la organización procedieron a firmar el proyecto final de reforma a la ley Nº 24.331, con la finalidad de generar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de esas áreas productivas en la Argentina.
El actual proyecto de ley es moderno y procura que las zonas francas se conviertan en una herramienta dinámica para promover el comercio, disminuir tiempos y costos, generar mayor transparencia y mejores controles, como así también simplificar los procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes y servicios.
En representación del Gobierno de la Provincia Salta participó el subsecretario de Comercio, Luis García Bes, quien destacó que en un primer momento se formalizó la incorporación de dos provincias y CABA al consejo. Luego los presentes firmaron por unanimidad el proyecto de modificación a la Ley Nacional Nº 24.331 de Zona Franca. En este sentido, el proyecto consensuado por las 17 provincias y CABA ya se encuentra listo para ponerlo a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.
La reforma de esta legislación resulta fundamental para las empresas exportadoras, ya que las zonas francas no cuentan actualmente con una normativa adecuada. Estas áreas productivas juegan un rol primordial en las exportaciones de bienes y servicios, en la atracción de inversiones y en la generación de empleo.
En reunión también analizaron el impacto de la decisión 33 del Mercosur que dispone que las mercaderías originarias del bloque no perderán la exención del arancel intrazona si pasan por una zona franca controlada por un país miembro. Esto permitirá almacenar sin perder el certificado de origen, sin embargo los miembros del consejo expresaron que las zonas francas no son solo lugares de almacenamiento sino también espacios para producir y agregar valor para bienes y servicios.
Entre los cambios previstos plantean que lo producido en zona franca ingrese al territorio aduanero general, pagando el arancel solamente sobre el componente importado y no sobre la totalidad como se hace hoy en día. Esa medida se combinaría con la "tarifa invertida", donde se grava la porción extranjera del producto terminado con la alícuota correspondiente a la importación de los insumos o piezas, siempre que sea menor a la alícuota del bien final.
También proponen la armonización de los beneficios con los de la ley de economía del conocimiento, de manera que las empresas radicadas en las zonas francas tributen la alícuota reducida (15%) del impuesto a las ganancias. Este tema fue volcado en un documento consensuado por todos los presentes, a fin que se haga efectivo el tratamiento legislativo para la creación de una secretaría de zona franca, o algún otro organismo similar que tenga a su cargo el fortalecimiento a nivel nacional de las zonas francas como ejes fundamentales del comercio internacional.
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