El miércoles pasado, la comisión de control y seguimiento del plan de desarrollo estratégico Salta 2030, publicó una declaración en la cual se pronunció en contra de la dilatación de la prórroga de la “ley de biocombustibles”, esta vez con el apoyo de nuevas entidades públicas y privadas. En ella se expresa la preocupación ante el aplazamiento del tratamiento de la ley por la cámara de diputados.
“El Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030 visualiza a una Salta como productora de bienes con alto valor agregado a sus recursos naturales y conectada al mundo a través de sus estructuras físicas y tecnológicas. Por todo ello, es justamente la producción de biocombustibles una de las propuestas prioritarias, por cuanto genera trabajo genuino de calidad, realiza agregado de valor en origen, asegura el cumplimiento de normas internacionales sobre cambio climático y evita al país un drenaje de divisas para la adquisición externa del combustibles fósiles”, afirma el documento.
El Consejo Económico y Social es un espacio de articulación público privada que reúne a la Cámara de Comercio e Industria de Salta, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPIPA), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Fundación Salta, el Presidente del Consejo Económico Social, el Representante del Poder Ejecutivo (Planificación), la Sociedad Rural Salteña, la Universidad Nacional de Salta, la Unión Industrial de Salta, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y Universidad Católica de Salta.
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