La noticia llegó en el peor momento. Apenas una semana después de conocerse el despido de 730 trabajadores del ingenio San Isidro; el viernes el ingenio San Martín del Tabacal anunció que desvinculará al 10% de su nómina, lo que implica dejar sin trabajo a alrededor de 170 empleados. La empresa es la fuente de trabajo privada más importante de la provincia de Salta. Además, anunció un fuerte recorte de gastos.
A diferencia del San Isidro, que dispuso el cierre de la empresa; Tabacal expresó su voluntad de continuar las operaciones. Y no dudó en señalar como causales de los despidos a los cambios en materia tributaria aprobados por los gobiernos nacional y provincial.
La noticia impactó muy fuerte en las comunidades del departamento Orán vecinas al ingenio, como Hipólito Yrigoyen, Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán, donde dan por descontado que esto impactará muy fuerte en la actividad económica de toda la región. A nivel oficial, se preparan reuniones para esta semana, con el fin de analizar los pasos a seguir.
La noticia de los despidos se hizo pública través de un comunicado que señala que Tabacal “se ve obligada a implementar una reorganización integral de sus operaciones que debe incluir una reestructuración que implicará la desvinculación de menos del 10% de su nómina, a fin de sostener la operación de su complejo agro-industrial”. También “reafirma el compromiso de su accionista con la operación en el país, en un contexto que requiere de estas medidas no deseadas para mantener la viabilidad de la empresa”. Y advirtió que “la reestructuración alcanza proporcionalmente a todos los niveles, incluyendo Directores, Gerentes, otros empleados fuera de convenio y trabajadores dentro de convenio”.
Al fundamentar la decisión, el comunicado explicó que “las situaciones que confluyen para llegar a esta decisión son de distinta naturaleza y de distinta data. Las más recientes tienen que ver con las reformas previsional y fiscal llevadas a cabo por el Gobierno Nacional y por el Gobierno de Salta”. Y precisó que “en el caso de Tabacal Agroindustria, estas reformas, sumadas al aumento del precio del gas, la fuerte baja en el precio del bioetanol, el aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos decidido por el fisco salteño, y los posibles cambios en las sumas no remunerativas, implican un aumento de costos anuales y pérdidas adicionales del orden de los 23 millones de dólares solo para 2018”.
La empresa detalló que “dentro de este aumento de costos debe contabilizarse también lo que para Tabacal resulta en un incremento del 94% de los aportes patronales a la seguridad social, ya que la reforma eliminó el concepto de “lugar remoto” que tenía una alícuota menor”.
En el documento Tabacal recordó que en la última década registró pérdidas por 133 millones de dólares, asociadas a “cuestiones económicas locales y de precio internacional”, más “los conflictos sindicales” que tuvieron amplia trascendencia. Se quejó también de que “estos conflictos fueron empujando los niveles salariales a montos insostenibles para la estructura del negocio”, al punto que el salario promedio de Tabacal duplica el salario promedio privado de la provincia de Salta (31.600 pesos versus 14.600 pesos).
El comunicado hizo luego un extenso repaso de las inversiones realizadas por la compañía, que incluyen la construcción de la primera planta de generación de energía eléctrica con biomasa y dos destilerías para la producción de bioetanol. Este último producto, sin embargo, sufrió una reducción de precios del 14% por una disposición del Ministerio de Energía de la Nación. “Solamente con esta última caída del precio, Tabacal tiene un impacto negativo en sus resultados de 12,5 millones de dólares anuales”, indicó. Comentó también que la propietaria del ingenio, la empresa norteamericana Seaboard Corporation, no obtuvo dividendos a lo largo de los últimos 21 años; y aun así realizó nuevas inversiones.
Tras informar que hizo “innumerables gestiones para buscar una solución a este estado de cosas, hasta ahora sin resultados”, Tabacal confirmó los despidos. Aclaró sin embargo que “el objetivo es comenzar la zafra 2018 con este esquema de dotación y sin modificar las condiciones tanto para cañeros como para otros sectores de la cadena de valor, entre ellos transportistas u otros contratistas, que emplean a miles de trabajadores en la región”.
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