Prosiguiendo con el análisis del proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que envió a la Legislatura el gobernador Gustavo Sáenz, el Senado provincial escuchó ayer la posición de los proveedores mineros de Salta.
En esta nueva ronda de análisis las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente y la de Economía, Finanza Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado recibieron a directivos de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) y de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (CAPROSEMITP).
El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Héctor Calabró y Juan Cruz Curá; y contó con la participación de los senadores Jorge Soto; Gonzalo Caro Dávalos; Dani Nolasco; Gustavo Carrizo; Leonor Minetti y Javier Mónico. Por CAPEMISA asistieron su presidente y vicepresidente, Federico Russo y Ricardo Dávalos respectivamente; y por CAPROSEMITP su fundador, Luis Vacasur, y el tesorero Claudio Quinteros.
Desde CAPEMISA, Russo se manifestó a favor de la adhesión por considerar que, si bien el RIGI brinda beneficios a las grandes inversiones, es a partir de éstas que se forman cadenas de valor que incluyen a los proveedores locales. Dijo que proyectos como Taca Taca y otros de litio están esperando estos incentivos para poder llevarse adelante en Salta.
El empresario sostuvo que se debe compatibilizar el RIGI con leyes como la del compre local, sumados a otros incentivos a la inversión; y se pronunció en contra de un eventual aumento de regalías del 3 al 5%, para no ir contra la seguridad y previsibilidad de las inversiones. Advirtió además que en este momento se observa una pronunciada baja en la actividad de los proveedores como consecuencia de la caída del precio internacional del litio, que llevó a las empresas a trabajar al 50% de su capacidad. A ello se suma la llegada a Salta de muchas empresas del resto del país, que están compitiendo con precios más bajos para lograr la penetración en el mercado.
Por su parte, Dávalos sostuvo que en la actualidad CAPEMISA agrupa a 343 empresas locales, que brindan 12 mil empleos directos y que constituyen la cadena de valor que se debe proteger.
Desde CAPROSEMTP, Vacazur coincidió en respaldar la adhesión al RIGI por considerar que la actividad minera representa una oportunidad única para la Puna, donde se observa gente que se fue en busca de oportunidades hoy regresa porque hay trabajo y más servicios. Sin embargo, dijo que se debe compatibilizar con la Ley provincial Nº8.164, de Promoción Minera, respecto del compre local, aceptando que los proyectos en etapa de construcción tengan una relación de 80% y 20%, pero en etapa de operación conserven el 70% local y 30% foránea.
Advirtió que las multinacionales poseen empresas satélites que son usadas para competir con los proveedores locales y que las excepciones del RIGI no deben ser usadas por éstas para plantear desigualdades. Paralelamente planteó a Nación y Provincia la reducción de la carga fiscal al sector, proponiendo bajas en las alícuotas de los impuestos a las ganancias, ingresos brutos y del IVA. Vacazur tomó como ejemplo el desarrollo de países como Dubai, en oposición a otros como Sudáfrica, donde la explotación de recursos se hace con distintos criterios de desarrollo local.
Por su parte los senadores consultaron sobre la legislación contenida en la Ley provincial Nº 8.229, en lo atinente al cobro del 3% en materia de regalías; la necesidad de preservar las fuentes laborales, insertando en la cadena de valor a los micro proveedores y opinaron que la eventual adhesión debe servir para contribuir a que la actividad minera resulte fructífera para el desarrollo de la población de Salta en general y de la Puna en particular.
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