Con más de 3.200 puestos de trabajo perdidos desde noviembre, y el camino hacia el financiamiento bloqueado por los altos intereses, lo único que puede salvar al sector de la construcción es una millonaria inyección de capital que no llegará porque los recursos desde Nación son cada vez más acotados.
Para analizar esta problemática se reunieron ayer en la sede de la Cámara Salteña de la Construcción los legisladores nacionales Cristina Fiore, Juan Carlos Romero, Alfredo Olmedo, Javier David, Rodolfo Urtubey, Andrés Zottos, Pablo Kosiner y Martín Grande; junto a los presidentes de la Cámara Salteña, Guillermo Arroyo; de la Cámara Argentina, Jorge Banchik; y de la Confederación de Pymes Constructoras, Pablo Movsovich.
Al finalizar el encuentro, el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Guillermo Arroyo comentó a IN Salta que “los legisladores se han hecho carne de nuestro reclamo. Se han comprometido, para cuando se trate el Presupuesto 2019, a tratar de que los fondos sean de obras de arquitectura, que son las que mayor mano de obra generan. Se trata de viviendas, escuelas, puestos sanitarios, hospitales, centros de salud, redes viales, de agua, cloaca, obras eléctricas y de saneamiento; ya que las de infraestructura normalmente usan más máquinas que mano de obra, y las de arquitectura nos permiten emplear un número de obreros cinco veces mayor”, explicó.
También abordó la cuestión de las causas que involucran a empresarios con el pago de coima. “Las empresas asociadas a la Cámara no tienen sospechas de corrupción. Todo se hizo de forma transparente, con publicación y apertura de sobres. Estamos convencidos de que en Salta eso no ha pasado”, garantizó.
Respecto de la posibilidad de que las empresas sospechadas sean reemplazadas por otras locales explicó que “todo es posible en la medida en que los organismos de financiamiento bajen los requerimientos para acceder a los préstamos. Están pidiendo hasta tres veces el patrimonio. Un barrio de 100 viviendas está costando 1.500 millones de pesos, y habría que tener seis mil millones para poder acceder al crédito”, lamentó.
Las voces del Congreso
Los legisladores nacionales salieron del encuentro notablemente preocupados, pero con la decisión de encontrar el camino que saque a las empresas de la crisis. El senador Juan Carlos Romero instó a que las obras se distribuyan lo más equitativamente posible, y que para eso se genere a través de la cámara PYME un espacio de empresas transitorias para participar en PPP. La estrategia es para que las empresas del interior puedan hacer grandes obras nacionales hasta ahora realizada por grandes empresas. La segunda consideración apuntó a identificar aquellas obras que generen más puestos de trabajo para que sean consideradas en el Presupuesto
Con respecto al tema de las coimas, el legislador las invitó a las empresas involucradas a “dar un paso al costado para que den lugar a otras empresas que tengan una mejor conducta, que les permitan asociarse para tener fuerza. Que les den oportunidad a las empresas del interior”, reclamó.
Por su parte, el diputado nacional Andrés Zottos reconoció que “al Fondo de la Soja hay que compensarlo. Vemos con preocupación que las obras de infraestructura grandes no derraman para acá. Lo que conviene es generar obras de arquitectura que generen mano de obra y movimientos en espacios más chicos. Por otra parte tenemos una gran presión tributaria, pero al mismo tiempo el Estado les deben plata a las contratistas; entonces no hay una política para compensar esta crisis del sector en donde teníamos participando a 300 empresas y hoy tenemos 30% menos”, alertó.
También Olmedo se mostró “muy preocupado por situación de la obra pública en la Nación y en la Provincia, en donde las grandes obras fueron asignadas a empresas del exterior y se ha cortado todo el financiamiento a las otras empresas. Vamos a resolver juntos este problema, nos vamos a juntar los legisladores para evitar que la provincia quiebre”, prometió.
En este sentido, Fiore observó que “cuando analizamos el Presupuesto lo primero que vemos es lo destinado a obras de infraestructura (obras grandes vinculadas a rutas y grandes edificaciones) y ahora nos pidieron que nos centremos en las obras de arquitectura que son viviendas sociales, escuelas, pequeñas refacciones y son las que pueden hacer las empresas provinciales”.
Grande reconoció que “estamos pasando momentos muy complejos. El Estado nacional necesita recortar el gasto como sea y la situación que vivimos es producto de este recorte. A las empresas de la Cámara de la Construcción le piden que paguen los impuestos al día con grandes multas si se atrasan, pero por otro lado les deben plata. Hay una compensación de deudas en la que vamos a trabajar”, prometió.
Agregó que pese a las dificultades que atraviesa el sector, hubo una nueva ley que votaron los diputados que son los UVI, que van a permitir construir a precios actualizados. Hay una deuda por redeterminación de precios de 2017, de la que la Nación no se va a hacer cargo y para la provincia va a ser muy difícil”, anticipó. También destacó que “la provincia tuvo una suba del ingreso y recibió 370 millones de pesos más que lo presupuestado. También hubo suba de IVA y otros impuestos, pero hay que ver cómo se baja el gasto”.
Son esas dos opciones las que se barajan entonces: una unión de PYMES de la construcción que absorban la obra pública y / o la adjudicación de obras de arquitectura para generar más mano de obra.