Salta dio un nuevo paso para regular el aprovechamiento de la fibra de vicuña, un recurso de alto valor que combina producción, conservación ambiental y saberes ancestrales. Sin embargo, antes de avanzar con el tratamiento legislativo, el Senado resolvió abrir una instancia de consulta con las comunidades originarias que habitan los territorios donde se concentra la especie.
La decisión se tomó durante una reunión plenaria de las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Allí, legisladores y funcionarios provinciales analizaron el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone crear un marco provincial para conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable la fibra. La extracción quedaría limitada a la esquila mediante el chaku, una práctica ancestral que permite reunir, esquilar y liberar a los animales sin sacrificarlos. Al mismo tiempo, continuarían prohibidos el aprovechamiento del cuero y la carne, la caza y la tenencia no autorizada.
El texto declara zonas de reserva e interés a Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate. Además, establece que los ingresos generados deberán destinarse prioritariamente a retribuir a productores y artesanos locales.
Uno de los objetivos es que Salta deje de mirar desde afuera un mercado en el que Jujuy y Catamarca ya avanzaron con normativas propias. Desde el Ejecutivo señalaron que la falta de regulación coloca a la provincia en desventaja y limita la posibilidad de transformar la fibra en una actividad económica organizada.
La discusión, de todos modos, no gira únicamente alrededor de la esquila. Los representantes de los departamentos involucrados plantearon que las comunidades deben participar de toda la cadena de valor y no quedar relegadas a la extracción primaria.
También pidieron precisar quiénes serán considerados pobladores locales, garantizar la contratación de mano de obra de la zona y reconocer que el chaku posee una dimensión cultural y espiritual que excede su valor comercial.
Otro temor expresado durante la reunión fue que las comunidades terminen perdiendo el control sobre un recurso con el que conviven desde hace generaciones. Por eso, los legisladores reclamaron que la consulta previa, libre e informada quede claramente garantizada y no dependa únicamente de una futura reglamentación.
En respuesta, los funcionarios provinciales asumieron el compromiso de organizar durante agosto encuentros participativos con comunidades de la Puna y los Valles Calchaquíes. Las consultas incluirán los planes de manejo y las bases de la reglamentación, con la intención de sumar los aportes territoriales antes de que el Senado emita dictamen y lleve el proyecto al recinto.
La recuperación de la especie explica por qué el debate aparece ahora como una oportunidad concreta. Según los datos expuestos ante los senadores, la población pasó de unos 2.000 ejemplares en el país durante la década de 1960 a 58.387 vicuñas contabilizadas en el censo provincial de 2018.
Ese crecimiento permitió flexibilizar su categoría de protección internacional y abrió la posibilidad de avanzar con un aprovechamiento controlado. La propuesta oficial sostiene que una actividad legal y sustentable también puede fortalecer la conservación, proteger el hábitat y reducir la caza furtiva.
El desafío será encontrar un equilibrio: aprovechar una fibra valiosa sin poner en riesgo a la especie y, sobre todo, garantizar que el beneficio económico permanezca en los territorios que durante décadas contribuyeron a su recuperación.
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