Desde el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, un amplio abanico de sectores económicos y sociales han salido a manifestarse públicamente en contra de los cambios planteados, siendo un reclamo unificado la falta de consulta a los referentes de cada área.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Salta, Mario Assad, señaló que entre los principales cambios que trae consigo el DNU para su actividad se encuentra la autorización para comercializar los medicamentos de venta libre en cualquier tipo de comercio y que se deja de exigir la presencia de un profesional idóneo para la venta en farmacias. También se eliminan el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que tenían como objetivo ofrecer medicamentos a menor costo, un aspecto central considerando que también se han caído los acuerdos de precios.
“En rigor, nos preocupan todos los puntos que nos invocan a farmacias y farmacéuticos. El DNU es atentatorio contra la salud de la población y en la parte que nos afecta y de allí nuestro reclamo, obedece a que tenemos una ley nacional 17.565 que regula la actividad y el ejercicio profesional”, destacó. En el mismo sentido, el referente de los profesionales farmacéuticos salteños agregó que en la provincia rige la Ley 7.539 que regula la actividad y el ejercicio profesional de la farmacia.
“Por esta razón estuvimos reunidos con autoridades provinciales planteando las inquietudes y reclamos, pidiendo que se ajusten a la ley. La provincia tiene la autonomía y la potestad para regular toda la salud pública. Adherimos al reclamo nacional con un recurso de amparo colectivo que firmamos todos los integrantes de la Confederación Farmacéutica Argentina para que se declare inconstitucional este decreto”, anticipó.
Un modelo sanitarista versus uno comercial
Para el profesional, con esta Ley “confrontan un modelo de farmacia sanitaria, al que adherimos absolutamente; contra un modelo de farmacia mercantilista con el que no estamos de acuerdo. El decreto pone a la farmacia en la categoría de comercio, y no lo es. Y pone al medicamento en la categoría de bien de consumo o mercadería donde a todas luces, de acuerdo a lo que está consagrado en la Constitución Nacional, el medicamento es un bien social que va de la mano para atender cuestiones de salud. En este marco, nos atenemos a la reglamentación de la Organización Panamericana de la Salud cuando dice que la salud es un derecho de las personas y una obligación del Estado”, advirtió.
Assad agregó que “entendemos que con las modificaciones que hace este DNU se desregula toda una actividad y la profesión del farmacéutico, que es un profesional capacitado, formado con estudios universitarios que tiene el conocimiento en lo que atañe al expendio de medicamentos”, reclamó.
Fue más específico al alertar que “el medicamento es un tóxico en potencia y mal usado puede ser un verdadero veneno. Ahí es cuando decimos que atenta contra la salud, por cuanto se está permitiendo la venta de medicamentos fuera del establecimiento de la farmacia, y lo van a manejar manos inexpertas que no van a garantizar el origen, la legitimidad, la calidad, la eficacia, las reacciones alérgicas medicamentosas, la toxicología que presentan todos los fármacos y un sin número de cuestiones muy serias que pueden a afectar la salud de la población”, destacó.
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