La historia es más o menos así. Desde el inicio de la actual gestión, los envíos a las provincias de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) dejaron de tener la regularidad a la que los productores tabacaleros estaban acostumbrados. En lugar de un pago cada 30 días, algunos meses tuvieron que esperar 40 o 50 días, y cuando creían que los envíos se iban a regularizar, todo se alteraba nuevamente.
El enojo de los productores fue creciendo y tuvo su punto más alto hace tres semanas, cuando en una reunión de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros en San Salvador de Jujuy se declararon en estado de alerta y amenazaron con medidas de acción directa. Para calmar los ánimos, los gobiernos de Salta y Jujuy se comprometieron a gestionar una solución ante las autoridades nacionales.
Los principales referentes del área de Agricultura del Ministerio de Agroindustria recibieron hace dos semanas a los enviados de las siete provincias tabacaleras, quienes les presentaron un proyecto para que la distribución del FET sea automática. El encuentro terminó con el compromiso de volver a reunirse el pasado viernes, con una respuesta al proyecto.
Ese día las provincias creyeron que habían logrado un triunfo cuando los funcionarios nacionales les propusieron firmar un convenio para que el envío a las provincias del 80% de los recursos del FET destinados directamente a los productores se realice en forma automática. Pero no podían salir de su asombro cuando les dijeron que el 20% restante, que hoy se aplican a Planes Especiales y que distribuyen los gobiernos provinciales en acuerdo con los productores, debían ser cedidos para que sean definidos y ejecutados por el Gobierno Nacional.
Para justificar su propuesta, los funcionarios nacionales indicaron que los fondos serían administrados “de acuerdo a las políticas establecidas en el Plan Belgrano”, un programa que por estos días no es visto con buenos ojos por la clase política del NOA y el NEA, por la morosidad en ejecutar las obras comprometidas.
Como era de esperar, el planteo fue rechazado por los representantes de las siete provincias tabacaleras, quienes objetaron la posibilidad de resignar el manejo de esos recursos, y elevaron al Ministerio de Agroindustria una propuesta consensuada, que mantiene la administración del 20% del FET bajo la órbita de los gobiernos provinciales.
Lo que viene es pura incertidumbre. El problema de la irregularidad de los pagos sigue vigente, y con ello la amenaza de protesta de los tabacaleros. Pero las provincias no están dispuestas a resignar espacios frente al Gobierno Nacional. El secretario de Asuntos Agrarios, Flavio Aguilera, lo definió claramente: “si el Gobierno Nacional insiste con esta postura, nosotros no vamos a adherir a ningún convenio”, aseguró. ¿Qué harán en Agroindustria con este conflicto en ciernes? Esa es la única duda.
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