La obligación de contar con programas de compliance o de integridad tiene algunos años en el país pero los avances en su aplicación son lentos. Gobiernos y empresas avanzan con demora en su instrumentación a pesar de que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas habilita castigos para las compañías por delitos de corrupción desde 2018 y que la Oficina Anticorrupción creó en noviembre de 2021 el programa federal para la promoción de políticas de transparencia en provincias y municipios.
Marco legal hay. Falta que autoridades y empresarios se dispongan a cumplir con la creación de normas administrativas y corporativas contra la corrupción y mostrar un salto en el compromiso con la transparencia y la calidad en el funcionamiento de todos los niveles de sus procesos. Aquí también hay que mencionar la existencia de una ley de Ética Pública que exige a los funcionarios actitudes transparentes pero no prevé controles.
Emilio Cornejo Costas es abogado penalista, especialista en el tema, miembro de World Compliance Association y socio de Lisicki Litvin & Asociados, estudio que la semana pasada formalizó en Salta la unión con Campastro Consultores de Empresas para brindar asesoramiento tributario, cambiario, aduanero, jurídico y de auditoría a las empresas que inviertan en la región. Uno de los servicios es, justamente, compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica.
A IN Salta indicó que se ofrece a las compañías asesoramiento profesional integral para la creación de un programa antidelito lo que redundará en beneficios no solo económicos porque será posible controlar el desvío de dinero, sino que también alentará a empleados a denunciar hechos de corrupción internos a través de denuncias anónimas, generando un mejor ánimo laboral.
En el país
Cornejo Costas recordó que en primer lugar se empezó exigiendo a empresas, sus directivos y empleados, una conducta clara. Señaló que el escándalo provocado por la conocida causa de los “cuadernos” abrió este camino y que el guante a nivel público fue tomado por la Oficina Anticorrupción. En este punto, señaló a Chile y a Estados Unidos como ejemplos en la materia.
-En un país en el que se sospecha de connivencia entre Estado, mundo empresario y Justicia es difícil pensar en una debida aplicación de una compliance pública o privada. ¿Cómo marcha en el país?
-Hay pequeños avances. Tuvo un impulso importante en el sector privado cuando se conoció la “causa cuadernos” pero bajó la intensidad la marcha hacia ese objetivo. En el mapa se puede señalar a la Municipalidad de Escobar, que logró la certificación de la norma ISO 37001 en gestión antisoborno y lucha contra la corrupción, y al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que cuenta con un código de ética.
“Hay que implementar controles de manera progresiva en todos los eslabones pero los esfuerzos deben ser compartidos porque de nada sirve que se les exija a las empresas si del lado público no pasa nada. Es conocida la frase “top of the tops”, los cambios deben darse desde arriba”, cerró el especialista, no sin antes indicar la necesidad de fomentar supervisiones preventivas y no quedarse en enunciados.
Tu opinión enriquece este artículo: