El reclamo por la inseguridad en los campos esta vez no se hizo en una comisaría o en una oficina del Gobierno: cuatro entidades agropecuarias publicaron el fin de semana una solicitada para marcar su malestar, preocupación y temor porque sufren robos “cada vez más violentos” y por el avance de las bandas delictivas ante la ausencia de la Policía y de la Justicia.
El gobernador Gustavo Sáenz los recibió anoche en Casa de Gobierno para analizar los puntos resaltados por el sector agropecuario. Al término del encuentro se anunció la decisión de conformar una comisión de seguridad para abordar las denuncias de los productores.
La Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), la Sociedad Rural Salteña, la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Jujuy (Aprojuy) escribieron la editorial “¿Cuál es el próximo paso? La inseguridad en Salta no da para más” después de varios meses difíciles y de sumar pérdidas económicas. Un robo millonario de agroquímicos a un productor de Orán, la semana pasada, rebasó el vaso.
No fueron pocas las reuniones en Salta. Primero con la cúpula policial, con responsables de la Policía Rural, con el ministro de Seguridad Marcelo Domínguez y con su par de la Producción, Martín de los Ríos. Nunca pudieron los dirigentes rurales, aunque lo solicitaron de manera reiterada, reunirse con el procurador de la Provincia Pedro García Castiella o con algún fiscal.
En el encuentro de ayer también estuvo el ministro de los Ríos quien destacó que como Gobierno se buscan soluciones para resolver los problemas. Buscarán, dijo, anticiparse para prevenir nuevos hechos.
A la mesa se sentaron los presidentes de la Sociedad Rural Salteña y de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), Carlos Segón y Francisco Vidal. Además, el titular de la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), Lucas Norris, y los productores del norte provincial, Daniel Calamaro y Francisco Mauro.
La solicitada
En el texto que circuló también por las redes, las entidades hacen una fuerte crítica a las fuerzas policiales y judiciales por su inacción, lo que convierte a los productores en presa fácil de los delincuentes. De hecho, denuncian que desde la última reunión con autoridades provinciales en febrero pasado, los casos incrementaron “considerablemente” con hasta tres robos al mismo sitio en una semana y pérdidas de insumos y semillas por más de $ 500 millones.
“No pedimos caridad, solo pedimos lo que nos corresponde, sentirnos protegidos por las instituciones que tienen el deber de cuidarnos. Queremos producir, no pasar los días persiguiendo a la justicia y velando por la seguridad de nuestros campos, personal a cargo y hasta la propia familia ya que los robos son cada vez más violentos y en crecimiento”, dice la solicitada.
El texto asegura que “no se vislumbra un plan para erradicar el narcotráfico, los robos a mano armada, violación a la propiedad privada y hechos de inseguridad cada vez más grave. Está en peligro la continuidad de nuestros comercios, la producción de nuestros campos y la vida de nuestros ciudadanos”.
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